Chico, California. – Patricia Stock, exdecana de la Facultad de Agricultura en Chico State, ha presentado una demanda contra el presidente de la universidad, Steve Perez, y la Junta de Fideicomisarios del Sistema Universitario de California. La demanda alega discriminación y represalias tras su despido 13 días después de que Perez asumiera el cargo.
Según los documentos judiciales, Perez argumentó que Stock fue despedida por “antagonizar a los socios de la comunidad”. Sin embargo, sus abogados alegan que la presión para despedirla provino de miembros de la comunidad agrícola, quienes expresaron su descontento con la selección de Ricardo Orellana como nuevo director de agricultura.
Desde que Stock asumió como decana en agosto de 2021, recaudó millones para proyectos en la universidad, lo que la llevó a recibir un bono de mérito del 15% en su primer año. Sin embargo, este bono le fue negado en su segundo año, argumentando que no había trabajado de manera colaborativa con el personal interno de la universidad.
La demanda también sostiene que hubo una campaña de presión para excluir a Stock tras seleccionar a un candidato externo, en lugar de a Kasey DeAtley, preferido por la comunidad agrícola. Mensajes de texto en el proceso de descubrimiento sugieren un esfuerzo coordinado por parte de algunos miembros de la Facultad de Agricultura y el Buró Agrícola para influir en la decisión de Perez.
Los documentos judiciales indican que exmiembros del personal de la granja discutieron estrategias para retirar donaciones a la universidad si Stock permanecía en su puesto. Según las comunicaciones, se planteó movilizar a los donantes para ejercer presión sobre la administración universitaria, sugiriendo que la insatisfacción con Stock estaba relacionada con su enfoque hacia la inclusión y diversidad en cargos administrativos.
Las tensiones en torno a la dirección agrícola y las conexiones con el Buró Agrícola continúan creciendo, con varios actores en la universidad buscándole reemplazos a Stock desde su llegada. La resolución de esta controversia podría tener un impacto significativo en la gobernanza y las políticas de inclusión de Chico State.
