San José, Costa Rica. – El gobierno de Estados Unidos anunció recientemente la inclusión de Costa Rica en el perímetro de seguridad denominado Gran Norteamérica, creado para fortalecer el control sobre la región. Este esquema busca combatir el tráfico de drogas y mejorar la vigilancia de las rutas hacia el norte.
El nuevo mapa de seguridad de Washington extiende su influencia hacia las naciones al norte de la línea ecuatorial. Aunque la geografía del continente permanece sin cambios, la Casa Blanca altera las líneas de control, lo que ha generado preocupación sobre la soberanía de los países involucrados, incluidos sus compromisos legales y sociales.
Pete Hegseth, secretario de Guerra, presentó esta política en Miami, destacando la necesidad de una coalición militar para enfrentar el narcotráfico. Sin embargo, la Constitución Política de Costa Rica prohíbe la existencia de fuerzas armadas, lo que genera debates sobre la legalidad de una posible cooperación militar que involucre a milicias y cómo esto se alinearía con la legislación nacional.
Este contexto también se relaciona con el acuerdo del Escudo de las Américas, suscrito en marzo, que establece colaboraciones de seguridad que ya están enfrentando retos legales. Algunos sectores han presentado recursos de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema, cuestionando la potencial militarización del país y la pérdida de control sobre sus operaciones policiales.
Además, el marco de la Gran Norteamérica abarca la gestión de flujos migratorios en la región, donde Costa Rica ha comenzado a colaborar en la contención de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos. Este enfoque incluye la firma de acuerdos para facilitar vuelos de deportación, alineándose con los intereses de la administración estadounidense en la región. La postura actual del gobierno bajo la administración de Rodrigo Chaves parece favorecer la continuidad de este enfoque en colaboración con Washington.