En México, encender un foco no cuesta lo mismo para todos. Para los más pobres, la electricidad es un lujo que se raciona. Eso tiene nombre: pobreza energética.
Hay una injusticia que ocurre dos veces al mes, sin aspavientos, dentro de un sobre blanco o en una notificación de celular: el recibo de la luz. Para una familia de clase media, es un gasto moderado y predecible. Para una familia en la periferia de cualquier ciudad mexicana —o en una comunidad rural del sur del país— puede representar el quince o el veinte por ciento de su ingreso mensual. A veces más. Eso es pobreza energética, y México lleva décadas mirándola de reojo.
El concepto no es nuevo ni exclusivo de países en desarrollo. Europa lo lleva debatiendo desde los años noventa y hoy lo trata como emergencia de política pública. En México, en cambio, apenas empieza a aparecer en el lenguaje técnico de algunas dependencias, casi siempre como nota al pie. La definición es sencilla: un hogar en pobreza energética es aquel que destina una proporción desproporcionada de su ingreso a pagar servicios energéticos básicos —electricidad, gas, leña— o que directamente carece de acceso a ellos. Lo que esa definición no dice, pero implica, es que la energía barata para todos no existe: lo que existe es energía barata para los que ya tienen.
“La energía barata para todos no existe en México. Lo que existe es energía barata para los que ya tienen.”
El sistema tarifario de la CFE es, en teoría, progresivo: las tarifas residenciales tienen subsidio y se escalonan según el consumo, de modo que quien consume más paga proporcionalmente más. El problema es que ese diseño asume que el consumo es una elección. Y para millones de familias no lo es. Una vivienda precaria, sin aislamiento térmico, en una zona con temperaturas extremas, consume más energía por necesidad, no por capricho. El subsidio que recibe ese hogar es menor al que recibe una residencia de clase media con aparatos eficientes, buena infraestructura y patrones de consumo más controlables. La política que pretende ayudar a los pobres termina beneficiando, en términos absolutos, a los que no la necesitan.
A esto se suma la geografía de la inequidad. Los estados del norte —Sonora, Chihuahua, Tamaulipas— tienen tarifas especiales que reconocen el costo climático del verano. Son subsidios reales, históricamente negociados con criterio político más que técnico, y que en buena medida benefician a hogares de ingresos medios y altos con aire acondicionado central. En contraste, las comunidades indígenas de Oaxaca, Chiapas o Guerrero —donde el calor también es brutal y la pobreza estructural— pagan tarifas sin esas concesiones, con servicio intermitente, con medidores que a veces no funcionan, y con procesos de reconexión que implican viajes, trámites y costos que nadie reembolsa.
El gas LP cuenta la misma historia con distinto combustible. En las colonias populares y las zonas rurales, el gas no llega por red —como en las zonas residenciales de las grandes ciudades— sino en cilindros que hay que comprar, cargar y almacenar. El precio del cilindro fluctúa con el mercado internacional, y esa volatilidad la absorbe íntegra la familia que cocina con él. No hay contrato, no hay tarifa regulada estable, no hay mecanismo de amortiguamiento. Hay un tanque que se acaba y una economía doméstica que se ajusta recortando por donde puede: menos gas, menos comidas calientes, menos horas de calefacción en invierno.
La leña, que sigue siendo el energético de último recurso para millones de mexicanos, añade otra capa al problema. Cocinar con leña en espacios cerrados genera contaminación intradomiciliaria que la Organización Mundial de la Salud equipara, en términos de daño pulmonar, con fumar decenas de cigarrillos al día. Las mujeres y los niños, que pasan más tiempo en el hogar, son los más afectados. La pobreza energética no es solo un problema de facturas: es un problema de salud pública que el sistema sanitario atiende por el lado equivocado, tratando las enfermedades respiratorias sin tocar sus causas.
“Cocinar con leña en espacios cerrados genera contaminación intradomiciliaria equiparable, en daño pulmonar, a fumar decenas de cigarrillos al día. La pobreza energética es también un problema de salud pública.”
¿Qué hace el Estado mexicano frente a todo esto? Poco y mal orientado. El Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico ha tenido más vida presupuestal que impacto real. Los programas de sustitución de electrodomésticos —que en papel parecen razonables— han beneficiado en su mayoría a hogares con capacidad de reemplazar sus aparatos, no a los que usan lo que tienen porque no hay alternativa. La apuesta reciente por la autosuficiencia de la CFE y el freno a las energías renovables privadas, aunque tiene una lógica soberanista discutible, ha llegado acompañada de tarifas que suben y de cortes que no bajan. El discurso de la energía como derecho choca con la realidad de una empresa pública que arrastra pérdidas y transfiere parte de su ineficiencia al usuario más vulnerable.
Una política pública seria frente a la pobreza energética tendría que hacer, al menos, tres cosas. Primero, medirla: México no tiene aún un índice oficial de pobreza energética desagregado por región, tipo de vivienda y fuente energética. Sin ese diagnóstico, cualquier intervención es a ciegas. Segundo, redirigir el subsidio: no eliminar el apoyo a la energía residencial —eso sería un golpe brutal a los hogares de menor ingreso— sino diseñarlo para que llegue efectivamente a quienes más lo necesitan, no a quien más consume. Tercero, integrar la eficiencia energética en la política de vivienda social: una casa bien aislada, con ventilación adecuada y electrodomésticos eficientes, consume menos energía y libera ingreso. Ese es el camino real hacia la autonomía energética del hogar pobre, no el subsidio permanente a una tarifa mal diseñada.
Mientras eso no ocurra, la injusticia seguirá siendo puntual y silenciosa: un recibo que llega dos veces al mes, y que pesa mucho más en los hombros de quien menos tiene.
