Montevideo, Uruguay. – El gobierno de Yamandú Orsi se encuentra en una compleja encrucijada: su ambiciosa agenda social, que incluye la Estrategia Nacional sobre Situación de Calle, debe gestionarse dentro de un margen fiscal restrictivo. Con un crecimiento proyectado del 1,6% para 2026, las expectativas económicas son preocupantes.
Mientras la economía uruguaya se sostiene, no muestra signos de expansión suficiente para mantener el bienestar colectivo. Los pronósticos del Banco Mundial y analistas locales sugieren que el crecimiento permanecerá por debajo de lo necesario para impulsar el desarrollo. Este estancamiento, en un contexto de agenda social, limita severamente los recursos disponibles del Estado.
El costo de mitigar situaciones sociales recae sobre la producción, que se ve comprometida por factores como la apreciación del dólar y la inflación. El sector agropecuario y la industria exportadora enfrentan serias limitaciones, afectando su capacidad para generar ingresos. Este deterioro en la producción plantea una difícil ecuación: ¿cómo expandir la protección social cuando la base productiva decrece?
La respuesta a la urgencia social no radica solo en aumentar el gasto público. Examinar la productividad es crucial. En lugar de enfocarse únicamente en cantidad de recursos, se necesita un cambio de enfoque en la calidad de producción y la eficiencia. Las recomendaciones del Banco Mundial subrayan la necesidad de adoptar nuevas tecnologías y fortalecer la educación técnica y profesional.
Con una población que anhela más oportunidades, los planes sociales requieren de estrategias que fomenten la creación de capacidades productivas. La mejora en la inclusión económica no se logra solo multiplicando refugios, sino habilitando a más personas para que generen su propio sustento. Uruguay tiene el potencial para transformar estos desafíos en oportunidades, pero esto exigirá un enfoque integral y un compromiso con la inversión en el sector productivo.