Ciudad de México. – La presencia del crimen organizado en la cadena productiva mexicana ha incrementado significativamente los costos de diversos productos, afectando así tanto a productores como a consumidores. Expertos sugieren que el gobierno debe implementar medidas más efectivas para blindar estas actividades.
El costo de productos agrícolas se ve distorsionado por la extorsión. Por ejemplo, el precio del limón se eleva de 13 a 85 pesos, mientras que el aguacate en Michoacán puede aumentar entre un 20 y 40% por cuotas ilegales. En Guerrero, productores de maíz reportan pagos forzosos que impactan el precio de las tortillas a nivel nacional.
Estas distorsiones no solo afectan el sector agrícola; en el transporte y combustibles, las rutas impuestas por la inseguridad incrementan los costos logísticos entre un 12 y 18%. En comercio minorista, los cobros por “protección” pueden representar hasta el 8% de los gastos operativos, trasladándose inevitablemente al consumidor.
La inseguridad ha fungido como un impuesto oculto en la economía. Cuando el aumento de precios es resultado de extorsiones y no de demanda, las políticas monetarias dejan de ser efectivas. Especialistas insisten en la necesidad de proteger los principales polos de producción para disminuir los costos impuestos por la delincuencia.
Claudia Sheinbaum enfrenta un desafío crítico. Sin un control territorial efectivo, la estabilidad económica queda en entredicho, lo que perpetúa la negociación con actores ilegales en la economía formal. A pesar de las bajas inflaciones reportadas, la persistencia del crimen organizado en la producción sigue siendo un impedimento notable para el desarrollo económico del país.