La crisis de gobernabilidad se agrava en al menos seis entidades de México que elegirán gobernadores en 2027. Este escenario plantea serios desafíos para el proyecto encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, quien busca consolidar la Cuarta Transformación.
En Baja California, la situación es crítica debido a la presunta infiltración del crimen organizado en la política y a investigaciones federales sobre altos funcionarios. La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda enfrenta presiones por corrupción y una severa crisis de seguridad y económica, debilitando la confianza pública.
En Campeche, Layda Elena Sansores Sanromán enfrenta un creciente descontento social que se manifiesta en bloqueos y protestas. La confrontación con el Congreso local y el rechazo a su solicitud de endeudamiento complican aún más el panorama, generando un ambiente de inestabilidad en el estado.
Guerrero también sufre de ingobernabilidad, con una creciente violencia y el control territorial ejercido por grupos criminales. Los defensores de derechos humanos advierten del vacío institucional, que ha permitido a estas organizaciones imponerse y desafiar la autoridad estatal, poniendo en jaque la figura de la gobernadora Evelyn Cecia Salgado Pineda.
Otras entidades como Michoacán, Sinaloa y Sonora también reportan crisis profundas relacionadas con la inseguridad y la incapacidad del gobierno para garantizar la seguridad. Esta situación ha llevado a propuestas en el Senado para disolver poderes locales ante la falta de control estatal sobre el crimen organizado.
Las elecciones de 2027 se perfilan como un escenario complejo para el partido morena, que deberá enfrentar esta crisis de gobernabilidad si desea mantener el control en estos estados clave.
Con información de expreso.press

