Boston, Massachusetts. – Una nueva ley estatal en Massachusetts permite que ciertos inquilinos sellen sus registros de desalojo, resultando en miles de peticiones presentadas y aprobadas en los tribunales de vivienda durante el último año. Los legisladores y defensores de la vivienda destacaron el impacto positivo de esta medida.
La senadora estatal Lydia Edwards señaló que casi el 90% de las más de 6,000 peticiones para sellar registros de desalojos fueron aprobadas desde la implementación de la ley en mayo pasado. En una conferencia de prensa, enfatizó que “la ley está funcionando y la gente la está utilizando”.
El objetivo principal es eliminar el estigma y la discriminación asociados a los casos de desalojo, brindando un mejor acceso a una vivienda estable. Sin embargo, no todos los registros de desalojo son elegibles para ser sellados. Los casos de no-fault, donde el inquilino no hace nada incorrecto, pueden ser sellados, así como los casos de desalojo por incumplimiento de pago tras cuatro años de dificultades económicas.
Whitney Demetrius, directora de Vivienda Justa en la Oficina Ejecutiva de Vivienda y Comunidades Habitables de Massachusetts, expuso que los registros de desalojo pueden desestabilizar a las familias. Indicó que “la mera existencia de un registro puede llevar a la exclusión”, afectando desproporcionadamente a inquilinos afroamericanos y latinos, especialmente mujeres negras que enfrentan más registros de desalojo.
Sophie Gillard, asistente legal en Greater Boston Legal Services, mencionó que su organización ha ayudado a casi 500 personas a presentar peticiones en los tribunales de vivienda. “Con estos casos removidos de sus registros, han podido dejar refugios, asegurar vivienda accesible y ser elegibles para subsidios”, afirmó.
