Bogotá, Colombia. – Colombia se prepara para las elecciones presidenciales de 2026 en un escenario marcado por un alarmante deterioro de la seguridad. Entre enero y abril del mismo año, el país registró 48 masacres y al menos 229 víctimas mortales, el inicio de un año más violento desde el Acuerdo de Paz de 2016.
Los índices internacionales advierten sobre la inestabilidad en el entorno electoral. El informe de la Misión de Observación Electoral (MOE) destaca que los municipios en riesgo extremo de violencia aumentaron un 85%, subiendo de 68 a 126 en solo dos años. Esto indica un grave desafío para la democracia, haciendo cuestionar la efectividad de la política de Paz Total, diseñada para negociar con múltiples grupos armados.
Las cifras reflejan una metástasis de la inseguridad en las principales ciudades, incluida Bogotá, donde la violencia afecta la capacidad de los ciudadanos para participar equitativamente en el proceso electoral. En las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, un alarmante 45% de los municipios está en riesgo extremo. Esto agrava la situación, donde actores armados imponen decisiones y limitan el ejercicio democrático.
Las elecciones de 2026 serán un termómetro crítico para la legitimidad del próximo gobierno. Si los ciudadanos no pueden participar sin temor a represalias, el resultado tendrá un déficit estructural de legitimidad. La fragilidad del poder puede traducirse en dificultades para implementar reformas y generar confianza en las instituciones, afectando de manera duradera la estabilidad del país.
Para garantizar una elección adecuada, es crucial actuar en tres frentes: brindar seguridad a los participantes, mantener la separación de poderes y recuperar la confianza ciudadana mediante políticas efectivas. El futuro de la democracia en Colombia depende de la capacidad de enfrentar estos retos en medio de una complicada realidad social y política.
