La nueva figura de ingreso busca financiar obras en la zona hotelera de Cancún y Cozumel, pero aún está en proceso de regulación y definición de proyectos.
Quintana Roo avanza en la implementación de una nueva contribución fiscal destinada a fortalecer las zonas turísticas prioritarias del estado, especialmente en destinos emblemáticos como Cancún y Cozumel. Aunque la Ley de Ingresos ya contempla esta figura de aportación de mejoras para proyectos de gestión sustentable, todavía falta definir aspectos clave, como las reglas de operación, la firma de convenios con municipios y la delimitación precisa de los polígonos donde se aplicará el cobro.
Esta contribución representa una fuente adicional de recursos económicos que permitirá al estado financiar obras y servicios en las zonas que quedaron bajo la administración del gobierno estatal tras la transferencia de las funciones desde Fonatur. En concreto, los fondos se destinarán a proyectos de infraestructura gestionados por el Fideicomiso de Fomento para la Actividad Turística de Quintana Roo, conocido como Foatqroo, que se encargó de mantener y mejorar la infraestructura en Cancún y Cozumel.
La gobernadora Mara Lezama enfatizó que el pago de estos recursos será necesario para cubrir gastos relevantes, como el mantenimiento de plantas de tratamiento y pavimentación en la zona hotelera de Cancún, con un presupuesto anual estimado en al menos 250 millones de pesos. Además, la autoridad destacó que, dado que la ley solo contempla un ingreso presupuestado de un peso para 2026, aún falta definir montos específicos y criterios claros para la determinación de tarifas, asegurando transparencia y justicia para los contribuyentes.
Históricamente, la región ha dependido de fondos federales para su desarrollo y mantenimiento, por lo que esta medida busca establecer mecanismos propios de financiamiento. La clave en la implementación será garantizar una distribución equitativa de los costos, particularmente para los hoteles y negocios beneficiados por las obras, y evitar que los contribuyentes perciban el cobro como una carga adicional sin justificación clara. La decisión marca un paso importante en la autogestión de los recursos regionales para mantener y potenciar la competitividad del destino.
Este avance refleja una tendencia más amplia en destinos turísticos globales, donde la recuperación y sustentabilidad dependen cada vez más de modelos de financiamiento interno y responsable, promoviendo una gestión eficiente y transparente ante las expectativas de los visitantes y la comunidad local.
