Diversos actores del sector agrícola, minero y legisladores expresan inquietudes sobre la reforma hídrica en medio de protestas y desacuerdos en Congreso.
La aprobación de una reforma en materia de gestión hídrica ha generado un clima de confrontación en la Cámara de Diputados y el Senado mexicanos, mientras diferentes sectores expresan su postura frente a los posibles cambios.Productores agrícolas y organizaciones campesinas han declarado una alerta máxima ante la posibilidad de incumplimiento de acuerdos, lo que podría derivar en bloqueos de carreteras y puentes fronterizos, acciones que reflejan la intensificación de las movilizaciones sociales en defensa del agua y los recursos del campo. En una reunión reciente, líderes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano aseguraron estar preparados para tomar medidas contundentes si las autoridades no cumplen con los compromisos adquiridos.Por otro lado, los legisladores de los partidos de oposición han manifestado su rechazo a la propuesta legislativa, calificándola de mal diseñada y con numerosos parches que no abordan las principales preocupaciones del sector minero y agrícola. La Cámara Minera de México expresó su preocupación por las restricciones que la reforma podría imponer a la exploración y explotación de recursos, advirtiendo sobre los efectos negativos en la economía de esta industria clave. En paralelo, la Dirección de la Comisión Nacional del Agua ha solicitado una postura unificada en el Congreso para garantizar la aprobación de la reforma, advirtiendo que cambios posteriores podrían socavar acuerdos previos con las comunidades rurales y agrícolas, generando una posible crisis política y social. La discusión refleja la complejidad de equilibrar la gestión eficiente del agua con los derechos de diferentes sectores productivos y sociales, en un país donde el recurso hídrico es cada vez más escaso y disputado.
