La denuncia por acoso laboral llevó a la separación de la empleada y a investigaciones por violencia institucional en el municipio zacatecano
En Jerez, Zacatecas, una trabajadora fue despedida tras presentar una denuncia formal por acoso laboral en contra de un funcionario del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Jerez (Simapaj). La medida ha generado controversia y ha puesto en marcha una serie de investigaciones que buscan esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.
El caso ha alcanzado también la atención del Congreso local, donde se ha solicitado la inhabilitación del funcionario implicado en la denuncia. La diputación ha expresado su respaldo a la víctima y ha exigido que se tomen las acciones correspondientes para garantizar justicia y protección laboral. La situación refleja la problemática del acoso laboral en instituciones públicas y la necesidad de mecanismos efectivos para su denuncia y sanción.
Por otro lado, en el contexto de las investigaciones, también se ha comenzado a indagar sobre presuntas prácticas de violencia institucional por parte de otros funcionarios municipales. La denuncia ha abierto una agenda de revisión interna en el ayuntamiento de Jerez, en la que se busca esclarecer posibles irregularidades en el comportamiento de algunos servidores públicos.
La trabajadora afectada, cuyo nombre no ha sido revelado por motivos de seguridad, afirmó que fue despedida después de denunciar los hechos. Según sus declaraciones, el acoso ocurrió en varias ocasiones y afectó significativamente su integridad física y emocional. La denuncia fue presentada formalmente ante las autoridades laborales y posteriormente en el Congreso, que ha mostrado interés en garantizar que se respeten los derechos de la víctima.
Las autoridades municipales han emitido un comunicado en el que expresan su compromiso con la investigación y aseguran que no tolerarán ninguna forma de violencia o abuso en el entorno laboral. Sin embargo, la situación ha puesto en evidencia las deficiencias en los protocolos internos para prevenir y atender casos de acoso y violencia en las instituciones públicas.
El Congreso local ha instaurado una comisión especial para dar seguimiento al caso, en la que participan legisladores y representantes de organizaciones civiles. Además, se ha solicitado la inhabilitación del funcionario involucrado, mientras las investigaciones continúan en curso. La comunidad y organizaciones de derechos humanos han manifestado su apoyo a la víctima y han exigido justicia, además de fortalecer las medidas de protección a quienes denuncian este tipo de conductas.
Este caso revela la urgente necesidad de fortalecer los mecanismos internos y externos para la denuncia de acoso y violencia en el sector público. También pone en evidencia la importancia de crear un entorno laboral seguro y respetuoso, donde se garantice la protección de los derechos de los empleados y se sancione cualquier conducta ilícita.
Mientras tanto, la trabajadora continúa con el proceso legal y busca que su caso sirva para impulsar cambios en la política interna del municipio y en las leyes que protegen a los trabajadores en Zacatecas. La atención pública y la presión social son fundamentales para que se esclarezcan los hechos y se aplique la justicia correspondiente.
