Especialistas advierten que el miedo y la invisibilidad dificultan la denuncia y prevención del delito
En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, se llevó a cabo el conversatorio titulado “Sin trato… no hay trata”, un espacio dedicado a la reflexión, la denuncia y el análisis de esta grave problemática social. La actividad fue organizada por la Pastoral de Movilidad Humana y la asociación civil Alas, con la finalidad de sensibilizar a la sociedad sobre la magnitud y las modalidades de la trata en México.
El evento contó con la participación de la Fiscalía General de Yucatán, representada por Medardo Zavala Vera, así como de la Red Rahamim, que intervino de manera remota a través de la hermana Guadalupe Martínez González. También participó Olga Moguel Pereyra, activista en derechos humanos y trabajadora social, quien ejerció como moderadora. La jornada inició con una profunda reflexión acerca de la necesidad de visibilizar este delito, considerado entre las violaciones más graves a los derechos humanos en el siglo XXI.
Desde perspectivas legal, histórica y humanitaria, los asistentes coincidieron en que la trata de personas implica la despersonalización y cosificación del ser humano, reduciéndolo a un objeto de explotación. Las modalidades de este delito abarcan desde la explotación laboral y sexual hasta la mendicidad forzada, trabajos domésticos, matrimonios forzados, tráfico de órganos y reclutamiento ilícito, entre otras formas. La complejidad y la sofisticación de los mecanismos de captación son cada vez mayores, principalmente a través de redes sociales, plataformas digitales, videojuegos y otras tecnologías que vulneran la seguridad de niños y adolescentes en sus propios hogares.
Se resaltó que, aunque México cuenta desde 2013 con una Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, y que Yucatán promulgó su propia legislación en octubre de 2017, los avances en su implementación aún son insuficientes. Entre las obligaciones pendientes están la creación de una comisión interinstitucional, un programa especial y un fondo de apoyo a las víctimas, aspectos que la ley señala claramente pero que siguen sin concretarse.
Guadalupe Martínez González compartió que la organización que encabeza trabaja en siete estados del país, principalmente en actividades de prevención y sensibilización dirigidas a jóvenes y mujeres. En Yucatán, su labor se enfoca en apoyar a las familias buscadoras, quienes enfrentan la dolorosa tarea de localizar a personas desaparecidas relacionadas con redes de trata. La labor de Rahamim busca fortalecer la conciencia comunitaria y promover redes de protección desde la infancia, aunque enfrentan obstáculos considerables.
El enfoque directo y crudo de la Fiscalía
Por su parte, Medardo Zavala Vera explicó que la Fiscalía busca sensibilizar a la población mediante un enfoque directo, sin adornos: la trata reduce a la persona a su utilidad, a un objeto desechable que solo vale por lo que puede producir. Enfatizó que los mecanismos de captación son cada vez más sofisticados, principalmente a través de plataformas digitales, donde menores son vulnerados desde sus propios hogares.
Asimismo, Zavala Vera destacó que muchas víctimas son explotadas por sus propias familias, en contextos de pobreza, discapacidad o abandono institucional. La pobreza y la vulnerabilidad social son factores que favorecen la participación de las redes criminales en la captación y explotación de víctimas.
“Así como estamos atentos a las tormentas meteorológicas, deberíamos estar prevenidos ante esta tormenta social que representa la trata”, afirmó. Otro aspecto central fue la confusión frecuente entre trata y tráfico de personas. Mientras el tráfico generalmente implica el cruce ilegal de fronteras con consentimiento o sin él, la trata puede ocurrir sin desplazamiento físico, incluso dentro de una misma comunidad, siempre con fines de explotación.
La falta de información, la normalización de prácticas ilícitas y la escasa acción institucional agravan la problemática, especialmente cuando los delitos permanecen invisibilizados o están mal tipificados legalmente. La trata de personas afecta cada vez más a comunidades enteras, dejando de ser un problema exclusivo en zonas urbanas o específicas, para convertirse en un fenómeno que se extiende en diversas regiones del país.
El impacto en los sectores vulnerables
Se abordó también el impacto social de la trata, particularmente en niños y mujeres. Se resaltó que este delito ya no se limita a contextos urbanos o a ciertos sectores sociales, sino que afecta a comunidades enteras que permanecen en silencio por miedo, negación o por considerarlo una “costumbre”.
Guadalupe Martínez explicó que la Red Rahamim trabaja en la prevención mediante talleres en escuelas, parroquias y comunidades, con el fin de sensibilizar desde la infancia y fortalecer las redes de protección. Sin embargo, la activista advirtió que uno de los principales obstáculos es el miedo. Muchas comunidades y centros educativos se muestran reacios a aceptar la magnitud del problema, cerrando espacios de diálogo con argumentos como “aquí no pasa eso”.
El temor no solo reside en las instituciones, sino también en las comunidades, que temen represalias si denuncian posibles casos. Este silencio impide identificar y atender a muchas víctimas que podrían recibir ayuda si se superara la cultura del encubrimiento. La hermana Guadalupe refirió que Rahamim significa “entrañas de misericordia”, y que ese espíritu guía su trabajo, atendiendo a las personas desde la compasión, la dignidad y la solidaridad.
Se compartieron testimonios sobre talleres con niños y adolescentes, quienes, al realizar actividades de observación crítica en su entorno, lograron identificar señales de alerta que antes pasaban desapercibidas. Estos ejercicios demostraron que los menores, si se les enseña a reconocer riesgos y a actuar, pueden convertirse en aliados en la prevención. Además, se informó sobre el trabajo conjunto con colectivos de madres buscadoras en regiones como Guadalajara y Yucatán, donde las desapariciones están estrechamente relacionadas con redes de trata.
Programas y modalidades de la ley
Desde la Fiscalía, se detalló la existencia de programas específicos dirigidos a distintos sectores: adultos, niños y jóvenes, con el objetivo de promover la visibilidad y facilitar la denuncia. Se explicó que la trata de personas es uno de los delitos más rentables para las organizaciones criminales, solo detrás del narcotráfico y el tráfico de armas, lo que explica la dificultad para erradicarla.
Las redes delictivas están altamente estructuradas y operan a nivel nacional e internacional, colocando en riesgo especialmente a migrantes y comunidades marginadas. Se resaltó que muchas víctimas no aceptan ayuda en un primer intento, debido a amenazas, manipulación emocional o coacción económica. Por ello, se insistió en la necesidad de sensibilidad, insistencia y compromiso ciudadano para detectar y denunciar estos delitos.
También se explicó que la ley contempla 11 modalidades de trata, de las cuales al menos ocho están presentes en México. Entre ellas se encuentran la prostitución ajena, explotación laboral, trabajos forzados, mendicidad forzada, adopción ilegal, uso de menores en actividades ilícitas, matrimonio forzado y tráfico de órganos. Cada modalidad representa una forma concreta de deshumanización que requiere atención especializada.
Se subrayó que la denuncia ciudadana es fundamental, ya que las alertas anónimas al 089, aunque no generan una acción inmediata, permiten abrir investigaciones esenciales. El número 911 debe usarse en casos de riesgo urgente, pero la participación activa de la ciudadanía es clave para romper el silencio y visibilizar el problema.
Finalmente, se hizo un llamado a las autoridades, las comunidades, las escuelas y las familias para que actúen con responsabilidad y fortalezcan las acciones preventivas. La lucha contra la trata exige un esfuerzo conjunto, permanente y decidido, ya que mientras exista silencio y omisión, el delito seguirá prosperando en la clandestinidad.
Tanto la sensibilización como la denuncia son herramientas vitales para combatir esta forma de violencia, y espacios como el conversatorio permiten reflexionar sobre la responsabilidad social en la protección de los más vulnerables.
