La Secretaría de Transporte advierte que el sistema de transporte público requiere una intervención urgente para evitar su colapso
El sistema de transporte público Va y Ven en Yucatán atraviesa una grave crisis que pone en riesgo su continuidad y sostenibilidad. El titular de la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY), Jacinto Sosa Novelo, describe la situación como un “paciente en terapia intensiva” que necesita una intervención quirúrgica urgente para evitar su colapso total. En una entrevista, el funcionario afirmó que este sistema fue “vendido” por administraciones anteriores con una imagen de modernización que resultó ser engañosa. La estrategia de promoción se centró en una apariencia de innovación, pero en realidad, el sistema nació sin un estudio técnico actualizado y con un alto nivel de improvisación, lo que ha contribuido a su deterioro.
Sosa Novelo explicó que el sistema de transporte Va y Ven no es ni socialmente rentable ni financieramente sostenible, ya que sus costos operativos superan ampliamente sus ingresos. Actualmente, el Estado asume un gasto mensual de aproximadamente 206 millones de pesos, lo que suma cerca de 2,500 millones de pesos al cierre de 2024. De mantenerse esta tendencia, si no se implementan medidas correctivas, en 2030 se requerirá un subsidio estatal superior a los 11,000 millones de pesos. La Agencia de Transporte solo recauda unos 75 millones de pesos mensuales, una cantidad insuficiente para cubrir los gastos y garantizar la operatividad del sistema.
El funcionario reveló que solo el 70 por ciento de la ciudad de Mérida está cubierto por las rutas del Va y Ven, que actualmente operan a través de 13 empresas concesionarias. En total, circulan 835 autobuses, de los cuales 537 fueron incorporados en el segundo semestre de 2024, apenas unos meses antes de que concluyera el mandato de la administración anterior. La sobreoferta de unidades, todas del mismo tamaño, ha sido uno de los errores más graves, pues no se ajustó la capacidad de acuerdo con la demanda real en diferentes rutas, generando ineficiencias y costos excesivos.
Sosa Novelo enfatizó que no existe una cuestión política o de fobias en la crisis del sistema, sino que el objetivo es corregir los problemas existentes. Para ello, se conformarán ocho mesas de trabajo con las partes involucradas, buscando soluciones integrales y sostenibles. Sin embargo, advirtió que la reestructuración del sistema deberá incluir rutas más eficientes y la sustitución de autobuses grandes por unidades menores en aquellos recorridos con baja demanda.
Al analizar las causas principales de la crisis, el titular de la ATY identificó tres factores fundamentales. El primero es la falta de un estudio técnico actualizado de origen y destino, ya que las decisiones se basaron en un modelo elaborado en 2013, sin considerar los cambios en la movilidad postpandemia. La ausencia de datos precisos impidió diseñar una malla de rutas adecuada y dimensionar correctamente la flota vehicular, lo que ha provocado un sistema ineficiente y costoso.
El segundo factor es la improvisación en la toma de decisiones, particularmente en infraestructura. Ejemplo de ello son las estaciones de la Avenida Internacional y la calle 39, que permanecen vacías y sin uso, evidenciando una planificación deficiente. La incorporación de camiones en exceso y del mismo tamaño, sin considerar la demanda específica de cada ruta, ha sido otro error crítico, pues no todas las rutas necesitan la misma capacidad de pasajeros. La falta de estudios técnicos que avalen estas decisiones ha agravado la crisis.
El tercer elemento radica en la inexistencia de un soporte financiero definido. Cuando se diseñó el sistema, se conocía cuánto costaría mantenerlo, incluyendo el número de unidades y su costo por kilómetro, que oscila entre 31 y 34 pesos. Sin embargo, la realidad fue otra: en 2024 se incorporaron 537 autobuses en el segundo semestre, sin que el financiamiento estuviera asegurado. Esto ha generado una deuda acumulada de 400 millones de pesos en compromisos pendientes de pago, sumada a las obligaciones de pago de las rutas existentes.
Actualmente, el sistema cuenta con 105 rutas en operación, cubriendo únicamente el 70 por ciento de la ciudad. El 30 por ciento restante corresponde a las zonas del sur y oriente de Mérida, áreas que aún no son atendidas por el sistema. La situación demanda una revisión profunda y acciones inmediatas para evitar que la crisis se profundice y que los costos sigan incrementándose sin control.
