La autoridad ya tiene denuncias y expedientes abiertos por falsificación en el Registro Civil, con posibles implicaciones en administraciones anteriores
La Fiscalía Anticorrupción de Yucatán inició una investigación formal ante la existencia de actas de nacimiento y defunción apócrifas en el Registro Civil de la entidad. El consejero Jurídico del Gobierno de Yucatán, Gaspar Alemañy Ortiz, confirmó que ya existe un expediente en curso y que las denuncias correspondientes han sido presentadas ante las autoridades competentes. La investigación busca esclarecer la posible participación de exfuncionarios y personal de la dependencia en estos delitos, que se habrían cometido durante la administración estatal anterior.
El funcionario informó que las autoridades están colaborando estrechamente con la Fiscalía Anticorrupción para desentrañar los hechos y determinar el alcance de las irregularidades. Según los primeros indicios, estas falsificaciones afectarían tanto actas de nacimiento como de defunción, documentos que habrían sido manipulados para diversos fines ilícitos. Alemañy Ortiz aseguró que estos delitos son graves y que no se permitirá que queden impunes, reiterando el compromiso del gobierno estatal en mantener la integridad del sistema registral.
Asimismo, el consejero Jurídico explicó que en el marco de las medidas preventivas, ya se ha establecido una vigilancia estricta en el Registro Civil de Yucatán para evitar que incidentes similares vuelvan a ocurrir. La supervisión reforzada busca detectar y prevenir cualquier irregularidad en los procesos de emisión de actas y garantizar la autenticidad de los documentos oficiales. La autoridad enfatizó que la transparencia y la legalidad son prioridades para la administración estatal actual.
Cabe recordar que, en marzo pasado, el gobierno del Estado informó que funcionarios de la dependencia habían expedido de manera ilegal actas de nacimiento, además de actas de matrimonio y de defunción. Las versiones indican que las autoridades federales detectaron estas actas apócrifas en poder de migrantes indocumentados, presuntamente originarios de Centroamérica. La presencia de documentos falsificados en manos de migrantes ha generado preocupación en las instituciones encargadas de verificar la autenticidad de los registros civiles.
En una columna publicada en Plaza Grande, se detalló que dichas actas eran originales y contaban con el papel oficial que utiliza el Registro Civil, también conocido como papel valorado. Sin embargo, estos documentos contenían datos falsos que no estaban respaldados por los archivos oficiales del estado. La falsificación permitía que las actas parecieran legítimas, aunque en realidad no tenían validez en los registros oficiales de Yucatán.
Tras la detección de estos hechos, el gobierno estatal informó que en el edificio del Registro Civil, ubicado en la calle 65 entre 64 y 66, se observaron irregularidades en los registros del Sistema Nacional de Registro de Identidad. Se detectaron inicios de sesión no autorizados y movimientos que indicaban la creación o inhabilitación de cuentas de usuarios sin el consentimiento de los administradores. Estas acciones irregularidades comprometieron la integridad del sistema y motivaron la apertura de investigaciones internas para esclarecer el caso.
Las autoridades también indicaron que varias cuentas de usuarios en el sistema fueron inhabilitadas o creadas de manera fraudulenta, lo que evidencia un patrón de manipulación y posibles delitos cibernéticos. La colaboración con las instancias federales continúa para identificar a quienes estarían detrás de estas prácticas ilícitas y para fortalecer los controles en los procesos de emisión y registro de documentos oficiales.
Este incidente ha puesto en evidencia la vulnerabilidad del sistema registral en Yucatán y ha motivado un reforzamiento en los controles internos, así como una revisión exhaustiva de los procedimientos administrativos. El gobierno estatal reiteró su compromiso de luchar contra la corrupción y garantizar la autenticidad de los documentos emitidos, en línea con su política de transparencia y legalidad. La investigación en curso busca determinar las responsabilidades y evitar que hechos similares se repitan en el futuro.
