La Diputación Permanente revisa el informe del segundo trimestre de 2025 enviado por el gobernador Joaquín Díaz Mena
La Diputación Permanente del Congreso del Estado de Yucatán admitió ayer el informe sobre la deuda pública a largo plazo correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal de 2025, enviado por el gobernador Joaquín Díaz Mena. Aunque en la sesión ordinaria solo se leyó y se entregó el oficio mediante el cual el Ejecutivo estatal turnó el documento, la publicación oficial del informe se realizó el martes 15 de agosto en el Diario Oficial del Gobierno del Estado.
El informe detalla que, al 30 de junio de 2025, la deuda pública del Poder Ejecutivo asciende a 9,289 millones 43 mil pesos. De estos, una parte significativa corresponde a obligaciones con instituciones financieras, principalmente con el Banco Nacional de México, al que el Estado debe aproximadamente 2,459 millones 286 mil pesos. Este saldo corresponde al préstamo obtenido en 2019, que alcanzó hasta 2,620 millones de pesos en su momento.
El documento señala además que Yucatán mantiene tres deudas con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras). La primera por 756 millones 502 mil pesos, la segunda por 1,135 millones 114 mil pesos y la tercera, resultado de un refinanciamiento del ejercicio fiscal de 2020, por 1,305 millones 606 mil pesos. Estas obligaciones reflejan las estrategias de financiamiento del Estado para proyectos de infraestructura.
En cuanto a las deudas contraídas con BBVA, el informe indica que el Estado mantiene dos saldos pendientes: uno por 1,700 millones 809 mil pesos y otro por 1,624 millones 792 mil pesos. Ambas operaciones fueron realizadas por administraciones anteriores y corresponden a contratos y financiamientos específicos, como el proyecto de ampliación del Puerto de Altura de Progreso y obras complementarias, autorizadas mediante los decretos 526/2022 y 638/2023, respectivamente.
Asimismo, existe una deuda adicional con Banobras, por 306 millones 932 mil pesos. La explicación del Gobierno del Estado señala que esta cifra corresponde a la diferencia entre la suma total de la deuda pública y los montos individuales, debido a procesos de conversión de unidades, cambio de escala y redondeo al pasar de millones a miles de pesos. Sin embargo, aclararon que estos 306 millones corresponden a deuda con garantía del Fondo de Apoyo para la Infraestructura y Seguridad, la cual será cubierta con recursos provenientes de ese fideicomiso.
El informe indica que, en el rubro de deuda pública municipal y paraestatal avalada, el Estado no registra ningún préstamo bancario ni deuda garantizada por parte del Gobierno del Estado. Esto significa que no existen obligaciones financieras en esa categoría en favor de ayuntamientos o empresas descentralizadas bajo el aval del Ejecutivo.
El oficio del gobernador Díaz Mena, referente a la deuda pública a largo plazo, fue turnado a las comisiones correspondientes para su análisis, discusión y eventual aprobación. Sin embargo, los integrantes de la Diputación Permanente, conformada por la presidenta Claudia Estefanía Baeza Martínez y los secretarios Rafael Montalvo Mata y Clara Paola Rosales Montiel, no tuvieron acceso previo a las cifras presentadas en el informe.
Otros asuntos relevantes en la sesión incluyeron la solicitud del Ayuntamiento de Akil para que el Congreso cambie la denominación de pueblo a villa, así como iniciativas sobre reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado para fortalecer la protección a la comunidad LGBTIQ+ y promover el desarrollo económico y el emprendimiento local. Además, el secretario de Administración de Finanzas, Juan Sánchez Álvarez, entregó informes sobre la distribución de participaciones federales a los municipios, y el auditor superior, Rubén Arana Ortiz, remitió la primera entrega de informes individuales de la cuenta pública de 2024.
Finalmente, la diputada Rosana de Jesús Couoh Chan anunció formalmente su salida del Partido Revolucionario Institucional, declarando su condición de diputada sin partido, tras oficializar su renuncia a la fracción priista en el Congreso del Estado.
