La falta de normativas adecuadas pone en riesgo el abastecimiento de agua en la región.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) detectó serias irregularidades en granjas porcícolas de Yucatán, incluyendo falta de permisos para el vertido de aguas residuales. Desde 2022, se han realizado 30 visitas de inspección, señalando que muchas no cuentan con autorización de impacto ambiental.
Mariana Boy, funcionaria de Profepa, mencionó que el impacto de esta actividad se documenta desde 2023 en un dictamen que identificó un alto riesgo para el agua subterránea. La clausura definitiva de una granja en Santa María Chí resalta la gravedad del problema.
Profepa asegura que el desarrollo económico debe alinearse con la protección ambiental y los derechos humanos, trabajando en conjunto con comunidades locales para abordar estas preocupaciones urgentes.