Ataques sistemáticos buscan socavar la legitimidad de la secretaria de Energía y desatar una guerra política en el estado
En Veracruz, la situación va más allá de una simple crisis de percepción; se trata de un ataque orquestado que busca socavar la legitimidad del gobierno estatal. Desde mantas con insultos y amenazas en diversas ciudades hasta campañas de desinformación amplificadas en medios nacionales, los hechos evidencian una estrategia sistemática para desprestigiar a Rocío Nahle García. Este conjunto de acciones no son aisladas, sino parte de una ofensiva política que tiene como objetivo principal debilitar a una figura que representa el proyecto de la Cuarta Transformación en la región.
Uno de los elementos que llama la atención es la aparición de mantas con mensajes ofensivos y amenazas en distintas localidades del estado, así como un motín en el penal de Tuxpan que, de manera “espontánea”, ha sido atribuido a la gobernadora. Paralelamente, sus declaraciones públicas son sacadas de contexto, tergiversadas y utilizadas como excusas para alimentar la narrativa de un supuesto desgobierno. La coincidencia en estos eventos resulta demasiado evidente para considerarla una simple casualidad.
Más allá de los hechos visibles, la pregunta clave es quién se beneficia realmente con esta guerra sucia. Las respuestas apuntan a raíces tanto locales como federales. La familia Yunes, que ha tenido un protagonismo importante en la política veracruzana y que ansía recuperar el poder, no ha perdonado la derrota en la pasada elección gubernamental. Disfrazados de oposición o infiltrados en Morena, operan con recursos económicos y mediáticos para desestabilizar el actual gobierno y favorecer intereses ajenos a la estabilidad social y política del estado.
El ataque, sin embargo, trasciende al clan azul. Lo que está en juego no solo es la estabilidad de un gobierno estatal, sino también la futura sucesión presidencial del 2030. En ese escenario, Rocío Nahle representa un proyecto que incomoda a muchos actores políticos, incluso dentro de su propio partido. Entre ellos, Adán Augusto López Hernández, que en las últimas semanas ha estado en el centro de controversias por sus supuestos vínculos con grupos criminales.
Cuando estos escándalos comenzaron a adquirir relevancia, los ataques virulentos contra Nahle se intensificaron, evidenciando una posible relación de causa y efecto.
En política, las coincidencias no existen, y lo que parece ser una estrategia coordinada evidencia un manual del golpe blando. Esta consiste en saturar la discusión pública con escándalos, sembrar el miedo, erosionar la credibilidad institucional y alimentar la percepción de ingobernabilidad. Todo ello con el objetivo de abrir camino a una posible revocación de mandato en 2027 y frenar el crecimiento político de Rocío Nahle, quien ha demostrado liderazgo, carácter y respaldo popular.
El riesgo adicional es que estos ataques no provienen únicamente de adversarios tradicionales como el Partido Acción Nacional o el Partido Revolucionario Institucional. Muchos de ellos nacen desde dentro de Morena, sectores que pretenden reciclar prácticas del pasado y utilizar la estructura del partido para sus propios fines. La omisión o complicidad de estos grupos favorece la continuidad de una estrategia de desgaste que busca desactivar a una figura que ha demostrado compromiso y capacidad de gestión social.
Frente a este escenario, la respuesta debe ser contundente. Para preservar un gobierno popular en Veracruz, es imprescindible denunciar y desenmascarar a quienes buscan desestabilizar desde las sombras. La unidad interna y la claridad frente a los ataques son fundamentales para evitar que el fuego amigo logre su cometido. No hay espacio en Morena ni en el Estado para quienes solo buscan servirse del poder sin comprometerse con los principios que sustentan la transformación.
Veracruz, por su parte, merece paz y estabilidad. Pero, sobre todo, requiere justicia política que garantice la integridad de sus instituciones y respalde a quienes trabajan por el bienestar de su población. La lucha contra la desinformación, la manipulación y la violencia política debe ser una prioridad para fortalecer la democracia en la región.
