La gobernadora de Veracruz genera polémica al mostrar a un colaborador no especializado en medicina forense en medio de acusaciones y controversia sobre el fallecimiento de la maestra Irma Hernández
La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, ha sido centro de una nueva controversia en torno a la gestión del caso de Irma Hernández, la maestra y taxista que fue secuestrada y víctima de violencia por un grupo delictivo conocido como “Grupo Sombra”. La forma en que la mandataria ha manejado la información y las acciones relacionadas con este incidente ha generado críticas tanto en medios como en la opinión pública.
Tras afirmar inicialmente que la muerte de Irma Hernández se debió a un infarto, Nahle García enfrentó cuestionamientos por el contexto en el que ocurrió su fallecimiento. La gobernadora intentó respaldar su versión exhibiendo en una conferencia de prensa a un médico, pero esta decisión ha sido duramente criticada. El profesional presentado no era un especialista en medicina forense, sino un cirujano y laboratorista clínico, lo que pone en duda la validez de sus declaraciones como argumento en un caso de alta complejidad jurídica y médica.
El medio Milenio reveló que el médico que acompañó a Nahle en su comparecencia fue José Eduardo Márquez, un colaborador de turno de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz. Márquez no cuenta con la especialización en medicina forense necesaria para emitir una opinión concluyente sobre la causa de muerte de la maestra. Por otra parte, la autopsia fue realizada por un forense de la Fiscalía General del Estado, cuyos responsables, incluyendo a la fiscal Verónica Hernández, habrían evitado participar en la conferencia para no vulnerar el debido proceso del caso.
Desde el 25 de julio, cuando se reportó la muerte de Hernández Cruz, la versión oficial ha sido objeto de cuestionamientos. La fiscalía informó que la mujer fue hallada sin vida, pero las circunstancias y las declaraciones públicas de la gobernadora han generado dudas. Nahle García minimizó la violencia sufrida por la maestra, asegurando que sufrió un infarto después de ser violentada, y calificó como “miserables” a quienes han criticado su manejo del asunto, acusándolos de hacer un “escándalo” en un momento de dolor familiar.
La estrategia de la gobernadora, que incluyó presentar a un supuesto experto no calificado para reforzar su versión, ha sido interpretada como una forma de desviar la atención del grave problema de violencia y extorsión en Veracruz. La situación ha sido criticada por su falta de transparencia y por la manipulación de la información en un caso que conmociona a la sociedad y que refleja las deficiencias en la atención a la violencia contra las mujeres en la entidad.
El caso de Irma Hernández, una maestra jubilada de 62 años que también laboraba como taxista en Álamo Temapache, expone la violencia y el riesgo que enfrentan las mujeres en Veracruz. El 18 de julio fue secuestrada en la colonia Centro de esa localidad por un grupo armado dedicado a la extorsión y la protección de intereses ilícitos. En redes sociales circuló un video en el que se observa a la víctima sometida, rodeada por hombres encapuchados armados que la presionaron para que exigiera a otros taxistas el pago de una cuota de protección.
En ese video, Hernández Cruz afirmó: “Soy Irma Hernández Cruz, manejo el taxi 554. Compañeros taxistas con la mafia veracruzana no se juega, paguen su cuota como debe de ser con ellos y dejen de andar de enguilados con Los Charos que nada nos extorsionan o van a terminar como yo”. La grabación evidencia la intimidación y el grado de violencia que enfrentan las víctimas en la región.
El pasado 25 de julio, fue confirmado el hallazgo sin vida de la maestra, en un hecho que ha generado indignación y cuestionamientos sobre la falta de protección efectiva a las víctimas y la impunidad en los delitos de violencia y extorsión. La gestión de la crisis por parte de la administración estatal ha sido criticada por su falta de claridad y por las acciones que parecen buscar desviar la atención pública en lugar de ofrecer respuestas concretas a los familiares y la sociedad.
Estas circunstancias reflejan un problema grave en Veracruz, donde la violencia contra las mujeres y la inseguridad continúan siendo una problemática estructural. La polémica generada por la presentación del supuesto médico legista y las declaraciones de Nahle García evidencian la necesidad de transparencia y una gestión responsable en casos de alto impacto social y mediático. La ciudadanía exige claridad, justicia y acciones firmes para garantizar la seguridad y los derechos de las víctimas.
