Análisis de las políticas y movimientos que podrían desencadenar una inminente crisis económica en Estados Unidos
La semana pasada, me impactó profundamente leer que JP Morgan Chase estaba considerando ofrecer préstamos con garantía respaldada por las criptomonedas de sus clientes, a pesar de que todos sabíamos que eventualmente estos activos comenzarían a integrarse en la economía real. Este movimiento evidencia cómo las instituciones financieras tradicionales están cada vez más abiertas a incorporar las criptomonedas en sus productos y servicios, anticipándose a un futuro donde estos activos tendrán un papel más relevante en las transacciones cotidianas.
Desde el año 2020, el bitcoin ha mostrado una volatilidad casi cuatro veces superior a la de los principales índices bursátiles. Además, ha sido asociado con actividades ilícitas como el financiamiento del terrorismo. Aún no he visto evidencia convincente que sugiera que el bitcoin sea algo más que una herramienta para especuladores y delincuentes. Sin embargo, estos aspectos parecen no importar demasiado cuando los principales donantes políticos están vinculados a su promoción y uso.
En los últimos años, los comités de acción política relacionados con las criptomonedas han invertido decenas de millones de dólares en donaciones tanto a políticos republicanos como a muchos demócratas. Este esfuerzo culminó recientemente con la aprobación de la Ley Genius, y se espera que la legislación que regula otros criptoactivos sea publicada a finales de este año. Predigo que todos estos movimientos no solo provocarán la próxima crisis financiera, sino que también intensificarán el populismo político y la inquietud en Estados Unidos.
Todo esto recuerda la situación del año 2000, cuando los defensores de los derivados extrabursátiles, que no se negociaban en mercados organizados, acudieron a Washington solicitando regulaciones que impulsaran la “innovación financiera”. Lo que ocurrió fue un aumento de siete veces en los swaps de incumplimiento crediticio, que estaban mal regulados y que culminaron en la crisis financiera de 2008.
Hay que considerar que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, prevé que el mercado de las stablecoins se duplicará en los próximos años, pasando de una industria de casi 200 mil millones de dólares a una de 2 billones. Este sector estará integrado en diversas áreas, desde la suscripción de préstamos hasta los mercados de bonos del Tesoro, consolidándose como una parte fundamental del sistema financiero.
Como me comentó la semana pasada la senadora demócrata Elizabeth Warren, quien es la miembro de mayor rango de la comisión bancaria del Senado, “ya hemos visto esta película”, refiriéndose a los grupos de cabildeo que argumentan que “deben ser regulados” para obtener la garantía gubernamental de que son inversiones “seguras”, y a políticos que ofrecen apoyo bipartidista a la desregulación en estos ámbitos.
Se puede trazar una línea clara desde la desregulación de los derivados en 2000, pasando por la eliminación de barreras entre operaciones bursátiles y préstamos durante la era Clinton, hasta la relajación de la regulación Dodd-Frank para los bancos regionales en 2018, lo que contribuyó a la crisis bancaria de 2023. Todo ello fue impulsado por acuerdos bipartidistas, y ahora, con la Ley Genius, no ha sido la excepción.
Warren, quien llegó al poder apoyada por votantes que se sintieron traicionados por los políticos tradicionales de ambos partidos, realizó una campaña para convencer a los demócratas de que no respaldaran la Ley Genius, sin éxito. El poder del dinero ha quedado evidenciado en los grupos de cabildeo de las criptomonedas, que gastaron 40 millones de dólares para derrotar a críticos como Sherrod Brown, de Ohio, ex presidente del Comité Bancario del Senado. Aunque casi dos tercios de los demócratas votaron en contra, los defensores, incluyendo influyentes senadores como Mark Warner, de Virginia, y Kirsten Gillibrand, de Nueva York, lograron aprobar la legislación.
Este panorama me genera preocupación por cuatro motivos. En primer lugar, la Ley Genius, al igual que la Ley de Modernización de Futuros de Materias Primas de 2000, se promociona como una forma de hacer que las criptomonedas sean más seguras, especialmente las stablecoins respaldadas por dólares estadounidenses. Sin embargo, esto no modifica la naturaleza volátil de estos activos, que en general mantienen un comportamiento que puede aumentar la volatilidad del mercado en su conjunto. Los defensores afirman que criptomonedas como el bitcoin sirven como cobertura frente a los mercados tradicionales, pero en realidad, el bitcoin es una inversión de “beta alta”, lo que significa que su comportamiento está altamente correlacionado con el mercado de valores.
Esto implica que tanto las ganancias como las pérdidas se amplifican respecto al S&P 500. Un informe reciente de Fidelity evidenció que la beta móvil de bitcoin en un período de tres años respecto al índice S&P era de 2.6.
En segundo lugar, no puedo imaginar un peor momento para promover la “innovación” financiera, en un contexto donde los mercados, la economía y la política monetaria se encuentran en una situación de gran incertidumbre. Si en los próximos meses o años la Reserva Federal (Fed) eleva las tasas de interés de manera significativa para combatir la inflación, los mercados se desplomarían, como ha ocurrido en ocasiones anteriores. Las criptomonedas sufrirían caídas aún más rápidas y pronunciadas. Además, las instituciones financieras, incluyendo bancos paralelos que poseen criptomonedas en sus balances, podrían enfrentarse a graves problemas, provocando una congelación en los mercados de crédito.
En tercer lugar, quienes apoyan esta ley aseguran que fortalecerá el dólar y el mercado de bonos del Tesoro, pero es fácil imaginar que, en medio de una huida hacia la seguridad, empresas de criptomonedas como Tether, que tiene más participaciones en bonos del Tesoro estadounidense que Alemania, tendrían que vender esos bonos en un mercado bajista para responder a los reembolsos. Esto provocaría una liquidación masiva, aumentaría los costos de financiamiento y generaría una situación desastrosa en la que los ciudadanos comunes acabarían rescatando a los especuladores.
Por último, esta situación se produce después de más de veinte años de creciente cinismo ante la política. La desregulación financiera iniciada a finales de los años 90 bajo la administración de Clinton sentó las bases tanto para la crisis de 2008 como para la pérdida de apoyo de los trabajadores a los partidos tradicionales. Todo ello, a su vez, facilitó el ascenso de Trump. Él, al respaldar y además operar en ciertos ámbitos, preparó el terreno para la próxima crisis financiera.
¿Qué ocurrirá cuando se desate un caos económico y los votantes se vuelvan aún más escépticos respecto a las instituciones políticas, en un momento en que el gobierno tiene menos interés o capacidad para actuar y amortiguar una recesión? No hay monedas ni activos estables en un escenario así.
Todo indica que las decisiones tomadas en los últimos años, promovidas por intereses de grupos de cabildeo y políticos bipartidistas, están diseñadas para facilitar una crisis que podría ser inminente. La historia muestra que la desregulación y la falta de supervisión han tenido consecuencias desastrosas, y en esta línea, las políticas actuales parecen encaminadas a repetir errores del pasado, con el potencial de desencadenar una nueva recesión en Estados Unidos.
