Constructores del Tren Ímuris bloquean carretera por adeudo federal

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Foto: Especial

Manifestantes exigen diálogo con autoridades ante un presunto pago pendiente de 4 mil millones de pesos en proyecto de infraestructura en Sonora.

Este martes, un grupo de constructores relacionados con el Proyecto Tren Ímuris bloqueó la carretera federal México 15 en Nogales, Sonora, en protesta por un adeudo de aproximadamente 4 mil millones de pesos presuntamente pendiente por parte del gobierno federal. La manifestación fue liderada por representantes de sindicatos, empresas, contratistas y trabajadores afectados por la falta de pagos, considerados claves para la conexión logística con Estados Unidos.

El bloqueo, estratégicamente ubicado en una vía fundamental para la circulación de exportaciones e importaciones, generó impacto en el tránsito internacional y agrícola, poniendo en evidencia las tensiones en torno a la ejecución de proyectos de infraestructura iniciados durante la administración anterior y continuados en el actual sexenio. La exigencia central de los manifestantes es una mesa de diálogo directa con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para esclarecer las razones del incumplimiento y buscar soluciones inmediatas.

A pesar de que las autoridades locales y estatales manifestaron su disposición a facilitar el diálogo, reconocieron que la disputa involucra recursos federales y requiere la intervención del gobierno nacional. La situación refleja los desafíos que enfrentan proyectos de infraestructura de gran escala en México, vinculados a financiamiento y cumplimiento de obligaciones contractuales, y subraya la importancia de garantizar la estabilidad en cadenas de suministro clave para el comercio internacional.

El Tren Ímuris fue uno de los proyectos emblemáticos impulsados durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador, diseñado para fortalecer la infraestructura ferroviaria y potenciar la conectividad en la región, aspectos fundamentales para la competitividad del país. La movilización en Nogales pone de relieve la necesidad de resolver disputas financieras que amenazan con retrasar avances que tienen un impacto significativo en la economía y el desarrollo regional.

Este conflicto también resalta la relevancia de una gestión transparente y efectiva en la ejecución de obras públicas, considerando que la inversión en infraestructura es un pilar estratégico para el crecimiento económico de México y para mantener su integración en la cadena global de comercio.

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