La Jefa de Gobierno de Ciudad de México anunció que pedirá formalmente la repatriación de una de las socias implicadas en el incendio que dejó 49 fallecidos en Sonora
La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que su administración gestionará la extradición de Sandra Lucía Téllez Nieves, socia de la Guardería ABC en Sonora, en relación con la tragedia ocurrida en 2009. Téllez fue detenida el fin de semana en Eloy, Arizona, Estados Unidos, después de que las autoridades migratorias activaran la ficha roja de Interpol contra ella, basada en una orden de reaprehensión emitida por la Justicia mexicana.
Sheinbaum afirmó durante su conferencia matutina que solicitará formalmente la extradición de Téllez, aunque aún no tiene claridad sobre si ya se ha realizado ese trámite o si está en proceso. La detención de la socia propietaria de la guardería ha reavivado el reclamo de justicia por parte de familiares de las víctimas, quienes a 16 años de la tragedia continúan exigiendo acciones concretas y una mayor responsabilidad de las autoridades mexicanas.
El colectivo Manos Unidas por Nuestros Niños A.C., en una carta abierta difundida el 2 de agosto de 2025, expresó su preocupación por la falta de información oficial respecto a la detención de Téllez y el avance en el proceso de extradición. La organización denunció que, a pesar de que Téllez cuenta con sentencia definitiva por delitos relacionados con la muerte y lesiones de menores, las autoridades mexicanas no han informado oficialmente sobre su situación migratoria ni sobre el seguimiento del proceso judicial.
La carta, firmada por Juana Luna Hernández, presidenta del colectivo, señala que una firma legal estadounidense busca solicitar asilo político a nombre de Téllez Nieves, argumentando que es una “perseguida política”. Esta situación, consideran, podría complicar o retrasar su repatriación a México. Por ello, instan al Estado mexicano a pronunciarse con firmeza y a actuar para garantizar que la sentenciada cumpla su condena en territorio nacional.
Hasta el momento, ninguna autoridad mexicana ha emitido un comunicado oficial respecto al estatus migratorio o judicial de Sandra Lucía Téllez. La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mantienen en reserva la información sobre el proceso y las acciones en curso.
Sandra Lucía Téllez, copropietaria de la guardería y esposa de Alberto Escalante, subsecretario de Ganadería estatal en el momento de la tragedia, fue sentenciada en una decisión definitiva y firme por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La sentencia la responsabiliza por homicidio culposo de 49 niños, cuyos rangos de edad variaban entre cinco meses y cinco años, además de lesiones culposas en más de 100 menores.
El caso de Téllez se vincula a otros altos funcionarios señalados por la tragedia en la Guardería ABC, ocurrida el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora. Entre ellos destacan Eduardo Bours, gobernador de Sonora entre 2003 y 2009; Abel Murrieta Gutiérrez, exprocurador estatal; Juan Molinar Horcacitas, exdirector del IMSS, quien falleció en 2015; Ernesto Gándara Camou, entonces alcalde de Hermosillo; y Eduardo Medina Mora, en ese entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR).
Asimismo, la entonces diputada local Claudia Pavlovich firmó cartas de respaldo a Gildardo Francisco Urquides Serrano, copropietario de la guardería y exsecretario de Finanzas del PRI en Sonora, así como a Sandra Lucía Téllez. Estas vinculaciones reflejan el entorno político y empresarial que rodeó la operación del centro infantil, que operaba en un inmueble compartido con una bodega del gobierno estatal.
La tragedia ocurrió cuando un incendio originado en una bodega cercana a la guardería, subrogada por el IMSS, se propagó rápidamente al interior del centro. En ese incidente, fallecieron 49 menores y más de 100 resultaron heridos, algunos con secuelas permanentes. La guardería operaba en condiciones precarias, sin salidas de emergencia ni sistemas adecuados de protección contra incendios, lo cual facilitó la magnitud de la tragedia.
Tras el siniestro, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerció su facultad de investigación en agosto de 2009, revelando irregularidades en la subrogación del servicio, deficiencias en la supervisión de protección civil y fallas en la vigilancia del inmueble. Los peritajes oficiales atribuyeron el origen del fuego a un sobrecalentamiento en el sistema de ventilación, aunque un estudio independiente realizado en 2010 sugirió la posibilidad de un incendio provocado intencionalmente en cajas de archivo.
En cuanto a las responsabilidades judiciales, inicialmente solo se vinculó a proceso a funcionarios de menor rango, como Delia Irene Botello, coordinadora regional, quien estuvo en prisión entre 2011 y 2014 y luego fue absuelta por inconsistencias en los datos. En 2016, después de múltiples recursos y apelaciones, un tribunal federal condenó a Sandra Lucía Téllez y a Antonio Salido Suárez, socios propietarios de la guardería, a penas de 28 años y casi 11 meses, aunque esas penas posteriormente fueron reducidas a 5 años y 7 meses, en una sentencia definitiva de la SCJN.
El proceso judicial y las acciones de las autoridades mexicanas continúan en curso, mientras la detención en Estados Unidos abre una nueva etapa en la búsqueda de justicia para las víctimas y sus familias. La extradición de Sandra Téllez representa un paso fundamental para que las responsabilidades penales se cumplan en territorio nacional, en un caso que aún genera profunda sensibilidad y demanda de justicia en México.
