La nueva legislación permite que los juicios en curso se resuelvan bajo las reglas vigentes, generando debate sobre la interpretación y el impacto jurídico.
El Congreso mexicano dio luz verde a una importante modificación en la Ley de Amparo, tras un proceso legislativo acelerado. La reforma, que incluye aspectos controvertidos relacionados con la retroactividad de las disposiciones jurídicas, busca definir cómo se resolverán los juicios en marcha en comparación con los nuevos procesos. La aprobación se dio con una amplia mayoría en el Senado, con un debate intenso en torno a la inclusión del tercer transitorio, que permite que las sentencias actuales se definan bajo las reglas anteriores. La propuesta fue presentada en la Cámara de Diputados por un legislador del partido en el poder y fue aprobada rápidamente debido a su contenido considerado de interés urgente. Sin embargo, sectores políticos y académicos críticos señalaron que la reforma podría afectar derechos adquiridos y generar incertidumbre jurídica, pues algunos atribuyen que se busca modificar interpretaciones previas de forma precipitada.
El contexto político y jurídico en torno a esta reforma refleja las disputas sobre la protección de derechos constitucionales y la independencia judicial en un momento donde la élite legislativa busca consolidar cambios sustanciales en la jurisprudencia del país. La discusión sobre la retroactividad en leyes de amparo ha sido uno de los temas más polémicos en los últimos años, pues afecta directamente a derechos fundamentales y a la confianza en las instituciones jurídicas del país.