El gobernador de Nuevo León pide coordinación nacional para frenar delitos telefónicos originados en centros penitenciarios
El gobernador de Nuevo León, Samuel García, hizo un llamado a las autoridades penitenciarias del país para implementar inhibidores de señal en los centros de reclusión con el fin de combatir las extorsiones telefónicas. García precisó que aproximadamente el 70 por ciento de estos delitos se originan en el penal de Altamira, Tamaulipas, y que las llamadas ilícitas desde ese centro representan una fuente principal de las actividades delictivas en la región.
Durante la XXXI Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, el mandatario estatal exhortó a las autoridades de otros estados a colaborar y replicar medidas como la instalación de bloqueadores de llamadas, las cuales ya están en funcionamiento en los penales de Nuevo León. García afirmó que en los centros penitenciarios del estado no se permite ninguna llamada, ya que se han instalado inhibidores que bloquean todas las señales, garantizando así la seguridad interna y limitando la capacidad de los internos para coordinar actividades delictivas.
“Hemos instalado inhibidores para prohibir todas las llamadas, que salían antes de los centros penitenciarios de Nuevo León. En la reunión de ayer comentamos que no sale ni una sola llamada de los penales de Nuevo León; hacemos un atento exhorto a que todos los estados y, sobre todo, el sistema federal, pongan estos inhibidores”, declaró el gobernador.
García también compartió que el 70 por ciento de las extorsiones en la región provienen del penal de Altamira, Tamaulipas, una información que, dijo, comparte con responsabilidad y respeto para promover la cooperación entre las entidades. Además, informó que en Nuevo León se han destinado más de 1,500 millones de pesos en inversión para los centros penitenciarios, y que próximamente se destinarán más de 2,000 millones adicionales para fortalecer la infraestructura y la seguridad.
El mandatario resaltó que en el estado se han creado 2,106 nuevos espacios en el penal de Apodaca y que se ha logrado una reducción del 88 por ciento en el consumo de sustancias ilícitas entre los internos. También se ha mejorado la disciplina interna, instaurando protocolos estrictos, promoviendo el orden y aplicando una política de cero tolerancia frente a cualquier conducta delictiva dentro de los centros de reclusión.
García informó que las nuevas instancias de seguridad, como la Secretaría de Seguridad Pública y la Agencia de Administración Penitenciaria, mantienen control sobre los centros penitenciarios, donde se ha identificado a los líderes del crimen organizado. Gracias a estos esfuerzos, varios internos han sido trasladados a centros penitenciarios federales en otros estados, fortaleciendo la supervisión y reduciendo la influencia del crimen organizado en los penales locales.
Actualmente, en los penales de Nuevo León permanecen 11,300 personas privadas de su libertad. En los últimos tres años, se han incorporado 1,595 internos adicionales, operando en 1,413 nuevos espacios habilitados en los centros de reclusión. García también adelantó que ese viernes realizarán un recorrido en uno de los penales, en el marco de la Mesa de Coordinación de la Paz, para supervisar las condiciones y avances en materia de seguridad.
Por su parte, César Ramírez Acevedo, Comisario de la Agencia de Administración Penitenciaria, afirmó que se ha eliminado el autogobierno en los penales y que se ha retomado el control de los centros, con el objetivo de fortalecer la seguridad y la institucionalidad en los establecimientos penitenciarios. Ramírez Acevedo destacó que durante la actual administración se han implementado cambios significativos, logrando una transformación positiva en la gestión penitenciaria, con énfasis en recuperar el control y garantizar la seguridad interna.
El gobernador García concluyó reiterando la importancia de la cooperación entre las distintas entidades del país para poner fin a la problemática de las extorsiones telefónicas, instando a que todos los estados implementen medidas similares a las que se han aplicado en Nuevo León, particularmente en el uso de inhibidores de señal en los penales.
