Expertos advierten sobre las implicaciones de la propuesta y la posible afectación a la autonomía del INE y la representación política
La reforma electoral en México avanza en un contexto de controversia y debate profundo sobre sus posibles consecuencias. El gobierno federal anunció la creación de una comisión presidencial, liderada por Pablo Gómez Álvarez, con el objetivo de diseñar una iniciativa que, en sus palabras, “ponga en el centro la democracia y el pueblo”. Sin embargo, esta medida ha levantado alarmas en diversos sectores políticos y académicos, quienes argumentan que podría tener efectos adversos sobre la institucionalidad electoral del país.
Desde el inicio, la elección de Pablo Gómez como cabeza de la comisión ha sido motivo de controversia. Lorenzo Córdova, exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral, recordó que Gómez fue uno de los principales autores de la iniciativa de 2022, rechazada por el Congreso, cuando aún dirigía la Unidad de Inteligencia Financiera. En esa propuesta se contemplaban reducciones en el número de consejeros, eliminación de diputaciones y senadurías plurinominales, así como cambios en el financiamiento y en la estructura del organismo electoral. Tales propuestas generaron rechazo por su posible impacto en la autonomía y la representación democrática.
Un aspecto clave de la discusión es que la reforma parece ser planteada desde el propio Ejecutivo, una situación que no se había presentado desde 1996, durante el gobierno de Ernesto Zedillo. Lorenzo Córdova alertó que una reforma impulsada por el gobierno tiende a priorizar los intereses del partido en el poder, en este caso, Morena y la administración de Andrés Manuel López Obrador. La creación de la comisión, anunciada en el Diario Oficial de la Federación, incluye a funcionarios como Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación; Pepe Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones; Ernestina Godoy, consejera jurídica; Lázaro Cárdenas Batel, de la oficina de la Presidencia; Jesús Ramírez, coordinador de asesores del Presidente; y Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno.
Para Lorenzo Córdova, la reforma electoral debe contar con un consenso amplio entre todos los actores políticos, pues son los que se someten a las nuevas reglas para acceder al poder. La falta de inclusión y diálogo puede derivar en decisiones que favorezcan intereses particulares y debiliten los mecanismos institucionales. Una de las propuestas que más preocupa es la elección de consejeros electorales por voto popular, similar a los procedimientos para designar a integrantes del Poder Judicial. Expertos han señalado que este método puede tener un efecto distorsionador, al poner en riesgo la imparcialidad y la profesionalización del órgano electoral.
La autonomía del Instituto Nacional Electoral también está en el centro del debate. Exconsejeros como Lorenzo Córdova y Luis Carlos Ugalde, expresidente del Instituto Federal Electoral, han manifestado su temor de que la reforma pueda debilitar la independencia del organismo. Entre las propuestas criticadas están los recortes presupuestales y la posible modificación en la selección de consejeros por voto directo, lo que, argumentan, puede comprometer la imparcialidad y la operación eficiente del INE. El dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Jorge Romero, advirtió que los cambios propuestos podrían poner en riesgo la credibilidad del proceso electoral y la estabilidad democrática, e hizo un llamado a que Morena y sus aliados escuchen a expertos y a la ciudadanía para construir una reforma consensuada.
Otra de las líneas de oposición se centra en la eliminación de las diputaciones y senadurías de representación proporcional, conocidas como plurinominales. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ha apoyado esta iniciativa, siguiendo la línea de su predecesor, con el argumento de fortalecer la representación por mayoría. Sin embargo, exconsejeros y la oposición advierten que este sistema garantiza la pluralidad y la protección de minorías en el Congreso. Lorenzo Córdova ha defendido que eliminar las plurinominales puede favorecer a partidos mayoritarios, como Morena, y consolidar un sistema autoritario.
En ese contexto, figuras como Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, han defendido la figura de las plurinominales, considerándola esencial para ampliar la pluralidad política.
Finalmente, existe preocupación por un posible desmantelamiento del INE. Luis Carlos Ugalde advirtió que la reforma podría buscar erosionar la autoridad del órgano electoral, poniendo en riesgo la democracia misma. Propone que cualquier cambio significativo sea resultado de un diálogo abierto con organizaciones civiles, expertos y partidos políticos, para mantener los avances logrados en materia electoral, como el servicio profesional y la organización del padrón electoral.
La conformación de la comisión presidencial también ha generado tensiones, pues excluye a diversos partidos, incluso aliados como el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo. Esta falta de inclusión podría traducirse en tensiones políticas y en una mayor polarización en torno a la reforma electoral, poniendo en duda la legitimidad y la viabilidad de las propuestas que puedan derivarse.
La discusión en torno a la reforma electoral en México continúa, con voces que advierten sobre los riesgos de una propuesta que, si bien busca cambios, podría afectar la estabilidad, la autonomía y la representatividad del sistema democrático del país. La clave será el diálogo y la búsqueda de consensos que aseguren una transformación que fortalezca, no que debilite, las instituciones electorales.
