La estrategia de control político y las implicaciones internacionales en la reforma que busca consolidar a Morena en el poder
A casi un año de la toma de posesión de Claudia Sheinbaum como presidenta de México, la presión internacional sobre el país ha aumentado significativamente. Desde el 20 de enero, fecha en que Donald Trump asumió nuevamente la presidencia de Estados Unidos, las denuncias sobre actos delictivos relacionados con la administración de Andrés Manuel López Obrador han cobrado mayor fuerza. Temas como presuntos vínculos con el narcotráfico, corrupción, huachicol y reformas constitucionales en sectores estratégicos, incluyendo la energía y las telecomunicaciones, han puesto a México en el centro de la escena internacional.
El gobierno de Sheinbaum enfrenta un escenario complejo. Por un lado, existe la posibilidad de fortalecer su posición desplazando a los integrantes más duros e incondicionales del obradorismo. Por otro, la posibilidad de una rendición ante las presiones internas y externas también está sobre la mesa. La estrategia del actual gobierno parece centrarse en encubrir y defender a personajes clave, evitando a toda costa que sean llamados a comparecer ante la justicia internacional o nacional.
Las presiones provenientes de Washington crecen y exigen acciones concretas. La lista de objetivos incluye a figuras relevantes del régimen, como Adán Augusto López, Mario Delgado, López Obrador, Américo Villarreal, Alfonso Durazo, Rubén Rocha, Alfredo Ramírez Bedolla y Manuel Bartlett. La exigencia de cabeza de la línea dura en el poder apunta a desmantelar posibles redes de corrupción y vinculaciones ilícitas que, se presume, operan en la sombra de la administración federal.
En este contexto, la comisión encargada de impulsar la reforma electoral se compone en su mayoría por figuras estrechamente ligadas a López Obrador. Entre ellas se encuentran Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación; Pepe Merino, director de la Agencia Digital; Ernestina Godoy, consejera jurídica de la Presidencia; Lázaro Cárdenas Batel, asesor presidencial; Arturo Zaldívar, exministro y arquitecto del desmantelamiento del Poder Judicial; y Jesús Ramírez Cuevas, ex vocero presidencial. Este último ha sido señalado por el New York Times por su cercanía con estrategias de propaganda del Kremlin, además de que agencias como la DEA y Homeland Security expresan preocupación por operaciones de Hezbollah, Hamas y la Guardia Revolucionaria Iraní en territorio mexicano.
El objetivo de esta reforma no solo es modificar la estructura electoral, sino un rediseño profundo que busca garantizar a Morena un control casi perpetuo de los órganos del Estado, desde los cargos más humildes hasta la presidencia. La intención no sería fortalecer a un “partido hegemónico” sino construir un partido único, con aspiraciones de permanencia al estilo soviético o cubano. Con este esquema, incluso partidos aliados como el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo quedarían obsoletos, ya que Morena no necesitaría de socios políticos para mantener su dominio.
No obstante, el camino hacia esta reforma no está exento de obstáculos. Aunque PRI y PAN han perdido relevancia, el Partido Verde Ecologista de México sigue siendo un actor clave, ya que su aval sería imprescindible para modificar la Constitución. En este escenario, el PVEM enfrenta tres opciones: someterse y desaparecer, negociar su supervivencia como un partido oficial o romper con López Obrador y resistir la reforma. La última opción podría desencadenar una fuerte pugna entre Morena y el Verde, con algunos analistas especulando que sería el propio Partido Verde quien podría romper con López Obrador, dado que Sheinbaum no lo haría.
Cada vez más, diversos analistas comparan a Claudia Sheinbaum con Pascual Ortiz Rubio durante el Maximato, un mandatario formal sin poder real, que actúa bajo la sombra del verdadero jefe. La posible ruptura del PVEM con López Obrador implicaría un fuerte golpe a la estructura lopezobradorista, que se sentiría excluida del nuevo esquema de poder. En ese contexto, algunos podrían optar por entregar a López Obrador a la justicia estadounidense para salvar su futuro político, lo que marcaría un punto de inflexión en la actual estrategia.
La reforma electoral, que en su fondo busca consolidar un proyecto autoritario disfrazado de democracia, podría ser solo el inicio del fin de un régimen que ha priorizado el control político por encima de la justicia y la institucionalidad. La gran pregunta es si habrá alguien dispuesto a detener esta operación o si, por el contrario, Claudia Sheinbaum aprovechará la coyuntura para fortalecer su posición mediante el fortalecimiento del Partido Verde Ecologista de México. La última batalla de la estrategia de control político en México está en marcha.
