La propuesta del gobierno de Morena busca modificar las leyes electorales sin diálogo ni participación de la oposición
La reforma electoral en México es uno de los temas más polémicos en la agenda política actual, ya que ninguna otra modificación normativa requiere niveles de consenso tan elevados como las leyes que rigen la competencia electoral. Estas leyes no solo establecen las normas jurídicas que regulan las contiendas electorales, sino que también definen las condiciones en las que los diferentes actores políticos pueden competir en igualdad de condiciones. La importancia de estos cambios radica en su impacto directo sobre la democracia, los derechos políticos y la autonomía de las instituciones electorales.
Sin embargo, las autoridades del régimen federal, encabezadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, y su partido, Morena, parecen tener una visión distinta. Según información disponible, el político Pablo Gómez, cuya trayectoria y congruencia son cuestionadas por algunos sectores, será la figura encargada de coordinar la presentación ante el Congreso de una reforma que, en la práctica, busca alterar de manera sustantiva las leyes electorales vigentes. La intención, se advierte, es modificar el sistema sin un proceso amplio de consulta o diálogo con los partidos de oposición ni con la sociedad civil, siguiendo un patrón que ha caracterizado las recientes reformas impulsadas por el gobierno.
Este proceso se asemeja a lo ocurrido con la reforma judicial, que se llevó a cabo sin escuchar las voces críticas ni atender las protestas de trabajadores y expertos en la materia. La estrategia, en esta ocasión, parece ser la misma: avanzar con la modificación de las leyes sin respetar los procedimientos legales establecidos, ignorando las órdenes judiciales y sin considerar las recomendaciones de quienes advierten sobre los riesgos para la estabilidad institucional y el orden constitucional. La percepción general es que la administración busca implementar los cambios de manera atropellada y sin un debate efectivo, como si su permanencia en el poder fuera la única prioridad.
La actitud del partido en el poder evidencia una percepción de impunidad y una aparente creencia de que jamás dejarán el gobierno. Este comportamiento también refleja una falta de sensibilidad hacia la ciudadanía, particularmente hacia aquellos que no votaron por Morena en las elecciones de 2024, y que, por tanto, no ven representadas sus voces en la toma de decisiones. La intención parece ser consolidar un control absoluto sobre los procesos electorales, limitando las posibilidades de competencia de la oposición y debilitando los contrapesos democráticos.
Diversos analistas y críticos han advertido que estas acciones representan un retroceso en la historia democrática de México. Se teme que el régimen obradorista esté buscando volver a épocas en las que el PRI dominaba la escena política sin oposición real, y en las que partidos como el PAN tenían una presencia marginal en el Congreso. La eliminación de la representación plurinominal, la cercenación de la autonomía del Instituto Nacional Electoral y la reducción del financiamiento público a los partidos políticos son vistas como medidas que buscan facilitar una hegemonía permanente del oficialismo, en detrimento de la pluralidad y la competencia electoral.
El anuncio de la reforma electoral se percibe como un nuevo golpe contra las libertades democráticas. La narrativa oficial ha intentado presentar estos cambios como necesarios para la modernización del sistema, pero en la práctica, evidencian una estrategia para monopolizar la política y limitar la participación de la oposición. La apropiación del aparato estatal y el control de los recursos públicos han sido utilizados para promover un discurso populista que, bajo la apariencia de programas sociales, oculta una estrategia autoritaria destinada a centralizar el poder en manos del Ejecutivo.
Estas acciones generan preocupación en la comunidad nacional e internacional, donde se advierte que el país podría estar dando pasos atrás en sus esfuerzos por consolidar un sistema democrático sólido, transparente y participativo. La falta de diálogo, la imposición de reformas sin consenso y el desprecio por las instituciones y voces críticas reflejan un patrón que pone en riesgo el equilibrio institucional y la estabilidad democrática en México.
