La falta de infraestructura eléctrica formal en las colonias Los Palomos y San Fernando genera mercado negro y tensiones vecinales, afectando a cientos de familias y negocios.
En las colonias Los Palomos y San Fernando, ubicadas en la zona centro de Quintana Roo, una problemática persistente por la carencia de infraestructura eléctrica formal ha derivado en un enfrentamiento entre residentes y comerciantes por el control del suministro energético. Desde hace más de veinte años, más de 500 familias habitan estas zonas rogando por servicios básicos, en particular por un sistema eléctrico que cubra sus necesidades fundamentales. La inexistencia de una red estable ha llevado a la instalación de circuitos ilegales, donde negocios y viviendas conectan sus cables de forma precaria, utilizando líneas improvisadas que cruzan propiedades privadas y dependen de un solo transformador con múltiples medidores no oficiales.
Este escenario ha fomentado la existencia de un mercado negro de energía, donde quienes lograron contratar un servicio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) extienden sus propias líneas o cobran derechos de paso a otros vecinos que buscan conectar sus cables, situación que incrementa las sobrecargas y provoca daños en los transformadores. La proliferación de estas conexiones ilegales ha causado frecuentes apagones, generando mayores tensiones entre los habitantes y denunciando una aparente tolerancia por parte de la CFE, que, en muchos casos, permite estas prácticas mientras los residentes paguen por su consumo.
La situación se ha complicado aún más con la presencia de conexiones denominadas ‘diablitos’ y ‘líneas pirata’, que pueden llegar a cobrar hasta 600 pesos por instalación y contribuyen al deterioro del sistema eléctrico, afectando empresas y hogares en colonias cercanas como Caribe. La tensión se intensifica en un entorno donde las autoridades municipales y federales enfrentan el reto de regularizar el suministro, con la percepción generalizada de que la falta de un servicio oficial adecuado favorece la expansión del mercado negro y la inseguridad energética.
Este conflicto refleja una problemática regional que pone en evidencia la necesidad de mejorar la infraestructura básica y regularizar asentamientos irregulares para garantizar el acceso legal y seguro a la electricidad, fortaleciendo la seguridad y la calidad de vida de los habitantes.