Se evidencian casos de corrupción, abuso de poder y acciones anticipadas en la administración de Morena
La administración de Morena y sus aliados, que conforman la llamada Cuarta Transformación, atraviesan una de sus crisis internas más severas en sus diez años de existencia. La acumulación de escándalos recientes ha puesto en duda la coherencia de su discurso y acciones, generando un clima de tensión y cuestionamiento dentro del movimiento.
Desde el liderazgo del partido, se ha insistido en que la derecha y la oposición intentan instalar la narrativa de que la 4T es similar a administraciones pasadas. La dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, afirmó esta tarde desde Querétaro que “no somos iguales”, manteniendo la postura oficial. Sin embargo, los hechos parecen contradecir esa declaración, ya que múltiples casos de corrupción, abuso de poder y campañas anticipadas muestran similitudes con los gobiernos anteriores del PRI y el PAN.
Uno de los aspectos más criticados ha sido el uso de recursos públicos para vacacionar en destinos internacionales. La frase “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre” sirvió como principio de la 4T para señalar la corrupción y los excesos de mandatarios pasados. Pero recientes filtraciones muestran a funcionarios de Morena disfrutando de vacaciones en Europa y Asia en restaurantes y hoteles de lujo. Entre ellos, ‘Andy’ López Beltrán en Tokio, Ricardo Monreal en un hotel de España y Mario Delgado en Lisboa, todos usando recursos propios, según autoridades del partido.
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Estas acciones han puesto en la mira de la opinión pública a Morena, que ha sido exhortada por su presidenta, Claudia Sheinbaum, a mantener un estilo de vida austero en línea con los estatutos del partido. Alcalde, por su parte, destacó que los viajes fueron financiados con recursos propios y no públicos, aunque reconoció la importancia de actuar con ejemplaridad.
En materia de corrupción, los casos que han salpicado a la administración morenista no son pocos. La llamada “Estafa Maestra”, que involucró desvío de 12 mil millones de pesos a través de empresas fachada en Segalmex, ha sido uno de los mayores escándalos recientes. La empresa estatal dirigida por Ignacio Ovalle fue señalada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, comparando el desfalco con el de la administración de Enrique Peña Nieto. Aunque el presidente López Obrador aseguró que Ovalle fue engañado y lo deslindó de responsabilidades, la falta de investigaciones y sanciones ha generado rechazo.
Asimismo, las acusaciones contra los hijos del presidente, Andrés Manuel López Obrador y Gonzalo López Beltrán, por presunta red de tráfico de influencias han sido motivo de polémica. Medios como Latinus revelaron que estos y otros allegados habrían obtenido contratos millonarios con Pemex, Conagua y en la construcción del Tren Maya, en un esquema denominado “El Clan”, en el que participaron actores como Amílcar Olán y Daniel Asaf.
El abuso de poder también se ha evidenciado en algunos integrantes del movimiento. El senador Gerardo Fernández Noroña, conocido por su postura crítica, fue acusado de aprovechar su cargo en la Mesa Directiva del Senado para dirigir las discusiones y limitar las críticas opositoras. Además, causó controversia al hacer que un ciudadano se disculpara públicamente tras un incidente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, transmitido en redes sociales.
Por otra parte, la promesa de Morena de atender con sensibilidad los casos de violencia y desapariciones ha sido puesta en entredicho. La gobernadora Rocío Nahle enfrentó críticas tras las declaraciones sobre el asesinato de la maestra Irma Hernández Cruz, secuestrada por no pagar extorsiones. La funcionaria afirmó que la víctima sufrió un infarto derivado de agresiones físicas, negando que fuera asesinada, lo que generó escepticismo y molestia en la familia y en la opinión pública.
El caso fue posteriormente rectificado en una entrevista, donde Nahle reconoció que el crimen debe investigarse como homicidio doloso, pero la percepción de insensibilidad y falta de empatía persistió.
En el ámbito electoral, Morena ha sido señalada por realizar actos anticipados de campaña. La senadora Andrea Chávez, aspirante a la gubernatura de Chihuahua, promovió su imagen mediante caravanas médicas con publicidad a su nombre, financiadas por un empresario cercano a Adán Augusto López. La Secretaría de Gobernación le pidió detener estas acciones, que violan las reglas de competencia electoral.
Otra figura en la mira es Cecilia Guadiana, aspirante a la presidencia municipal de Saltillo, cuyo promoción a través de programas sociales y vehículos con su imagen generó críticas. El senador Luis Fernando Salazar y autoridades como Claudia Sheinbaum consideraron que estas acciones representan un uso indebido de recursos públicos con fines electorales, en línea con prácticas que Morena ha denunciado en el pasado.
Finalmente, las irregularidades en los procesos electorales también han sido motivo de denuncias. La consulta popular y las elecciones judiciales presentaron bajos niveles de participación ciudadana y distribución de materiales que influyeron en la decisión electoral. La distribución de acordeones con indicaciones de voto, cercanos a candidatos del movimiento, generó controversia en el Instituto Nacional Electoral, que consideró la posible influencia en los resultados, aunque la mayoría de los consejeros no aprobó medidas sancionatorias.
Estas situaciones reflejan una paradoja en la gestión de la 4T, que prometió transparencia y combate a la corrupción, pero que en varios casos evidencia conductas similares a las de administraciones pasadas. La crisis interna del movimiento y la percepción pública de incumplimiento de sus principios alimentan la discusión sobre las verdaderas intenciones y el rumbo del gobierno de Morena en México.
