La iniciativa busca sancionar conductas fraudulentas que afectan el patrimonio y derechos de las familias
El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ha presentado una iniciativa de reforma al Código Penal Federal que busca tipificar como delito la atribución falsa de paternidad, proponiendo sanciones severas para quienes incurran en esta conducta. La propuesta, impulsada por el diputado Ernesto Núñez Aguilar, contempla la adición del artículo 390 Ter, que establecería penas de uno a cinco años de prisión y multas de 100 a 1,000 días de salario para quienes cometan ciertos actos relacionados con la falsificación de la paternidad.
Entre las conductas que la iniciativa pretende sancionar se encuentran registrar a una persona atribuyendo falsamente la paternidad a un tercero, así como aprovechar la existencia de menores derivados de una relación conyugal para ocultar, transferir o adquirir bienes a nombre de terceros. Estas acciones, según el documento, generan un daño patrimonial y emocional, además de afectar los derechos de los menores y de quienes ejercen responsabilidades de paternidad sin ser los verdaderos progenitores.
El proyecto de reforma también contempla que, además de las sanciones penales y económicas, las víctimas puedan exigir la reparación del daño por las cantidades entregadas en concepto de obligaciones alimentarias impuestas de manera fraudulenta. La intención del Partido Verde es proteger el patrimonio de quienes han sido obligados a cumplir con responsabilidades que no corresponden a su parentesco biológico, sin que esto afecte el derecho de los menores a recibir alimentos.
En la exposición de motivos, Núñez Aguilar sostiene que el engaño en la atribución de paternidad representa un problema social que requiere atención jurídica urgente. Argumenta que, aunque el Código Civil ya protege los derechos de los menores, también es necesario garantizar los derechos de los adultos afectados, especialmente en casos donde el engaño ha sido doloso. Para fundamentar su postura, cita un estudio del Journal of Medical Ethics publicado en 2016, que indica que uno de cada 50 hombres en Inglaterra cría a un hijo que no es suyo sin saberlo, y que situaciones similares ocurren en México sin una figura penal específica que las sancione.
El legislador explica que, cuando un hombre asume obligaciones legales por un hijo que no es suyo debido a un engaño deliberado, esto puede considerarse una forma de estafa parental. La iniciativa distingue entre los casos en los que ambos cónyuges están conscientes de la situación, lo que se considera un vínculo por afinidad reconocido por el Código Civil, y aquellos en los que uno de los cónyuges actúa con dolo para obtener beneficios patrimoniales o transferir obligaciones legales. En estos últimos casos, se busca sancionar con mayor severidad la conducta fraudulenta.
Asimismo, se argumenta que estas conductas no solo perjudican a quienes asumen responsabilidades injustificadas, sino también a los hijos biológicos, ya que podrían verse privados de recursos y protección en función de obligaciones falsas. La propuesta busca, por tanto, garantizar que las obligaciones alimentarias recaigan únicamente en los progenitores biológicos o adoptivos, protegiendo así el interés superior del menor y el patrimonio de las víctimas.
De aprobarse, la iniciativa permitiría que los congresos locales adopten las modificaciones a sus propios códigos penales, asegurando que la figura de la falsificación de paternidad tenga efectos en todo el país. La entrada en vigor se establecería al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, siempre que sea aprobada por el Congreso.
Este esfuerzo legislativo refleja la intención del PVEM de fortalecer el marco jurídico para sancionar conductas fraudulentas en materia de paternidad y protección patrimonial, en un contexto donde la realidad social y los estudios indican que estas situaciones, aunque poco reportadas, sí ocurren de manera frecuente. La propuesta busca equilibrar la protección de los derechos de los menores y de los adultos afectados, evitando que el fraude tenga consecuencias irreparables para las víctimas.
