La oposición busca fortalecer las instituciones y frenar cambios que, consideran, amenazan la autonomía del INE
El Partido Acción Nacional ha dado a conocer formalmente su contrapropuesta a la reforma electoral impulsada por Morena y el actual gobierno federal. La iniciativa oficialista ha comenzado a generar reacciones en los partidos de oposición, que ya delinean sus propias propuestas para fortalecer las instituciones democráticas. La postura del PAN se centra en defender la autonomía del Instituto Nacional Electoral y en evitar que se manipulen las reglas del juego democrático en favor del régimen en el poder.
El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, afirmó que su partido se opondrá firmemente a cualquier intento de debilitar al INE. En una declaración pública, Romero señaló que Morena busca desviar la atención y cambiar las reglas electorales, pero que la prioridad del PAN es defender la voluntad de los ciudadanos y garantizar un proceso electoral transparente e independiente. “Desde Acción Nacional, expresamos con claridad que no permitiremos que se manipule la voluntad del pueblo mexicano”, sostuvo.
Romero Herrera subrayó que para llevar a cabo una reforma electoral que sea efectiva y legítima, se requiere la participación de expertos en la materia, además de un proceso de diálogo y consenso que incluya la opinión de la ciudadanía. Criticó que la comisión presidencial encargada de diseñar la reforma esté integrada únicamente por personas cercanas a la Cuarta Transformación, sin la participación de especialistas independientes. “Si realmente desean una reforma, que convoquen a expertos, escuchen a la sociedad y construyan consensos reales”, recomendó.
El PAN ha propuesto, entre otros puntos, la implementación de una segunda vuelta presidencial, la instauración de elecciones primarias, la nulidad en casos de intervención del crimen organizado, la introducción del voto electrónico, la posibilidad de gobiernos de coalición y la eliminación de la sobrerrepresentación en el Congreso. Romero Herrera afirmó que la ciudadanía necesita una reforma que fortalezca la democracia y no que beneficie intereses particulares del poder en turno.
Asimismo, el líder panista enfatizó que la prioridad del país debe ser proteger la voluntad electoral del pueblo, fortalecer instituciones confiables e independientes y detener la infiltración del crimen organizado en los procesos electorales. “La verdadera transformación democrática requiere instituciones sólidas y una regulación clara que garantice la equidad y transparencia en las elecciones”, expresó.
En paralelo, se ha dado a conocer que la Secretaría de Gobernación, bajo instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, ha creado la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Esta instancia, integrada por personajes cercanos a la administración federal, carece de participación de expertos independientes y su conformación ha sido criticada por su parcialidad. La comisión está encabezada por Pablo Gómez Álvarez y cuenta con la participación de figuras como Rosa Icela Rodríguez, Pepe Merino, Ernestina Godoy, Lázaro Cárdenas Batel, Jesús Ramírez Cuevas y Arturo Zaldívar.
El objetivo de esta comisión es realizar un diagnóstico del sistema electoral y de partidos en México, para proponer una reforma legislativa que eventualmente será presentada ante el Congreso de la Unión. Entre las propuestas adelantadas por Sheinbaum destacan la reducción del financiamiento público a los partidos políticos, la eliminación de los legisladores plurinominales y la elección de los consejeros del INE por voto popular. Sin embargo, estas propuestas han generado preocupación entre expertos y analistas, quienes consideran que buscan cooptar la autonomía del organismo electoral y reducir la representación de las minorías.
El debate se intensifica en un contexto en el que la oposición advierte que estas reformas representan un riesgo para la democracia plural y la independencia de las instituciones electorales. La confrontación entre los diferentes actores políticos refleja la importancia de definir un rumbo claro para el sistema electoral mexicano, garantizando la participación ciudadana y la protección del Estado de Derecho.
