El papel de Pablo Gómez en la transformación del sistema electoral mexicano y las implicaciones políticas del cambio
La reciente designación de Pablo Gómez Álvarez como presidente del Comité Técnico para la Reforma Electoral ha generado un intenso debate en el ámbito político nacional. Tras su salida de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el veterano político de izquierda se encuentra ahora en un escenario donde, más que gestionar recursos o perseguir ilícitos, su tarea principal será contribuir a la redefinición de las reglas del juego democrático en México. Este movimiento no se produce en un momento cualquiera; con Claudia Sheinbaum ya en la Presidencia de la República desde hace varios meses, la incorporación de Gómez revela una estrategia de continuidad del proyecto político de López Obrador y podría estar orientada a consolidar, desde ahora, los cimientos del próximo sexenio, e incluso de varias administraciones futuras.
Es fundamental preguntarse: ¿quién es realmente Pablo Gómez? Para muchos, su nombre es sinónimo de lucha social y compromiso ideológico. Gómez es uno de los últimos sobrevivientes del movimiento estudiantil de 1968 con presencia activa en la política contemporánea. Su historia personal refleja coherencia ideológica y una trayectoria marcada por su resistencia y liderazgo en distintos ámbitos.
Desde su tiempo como preso en Lecumberri hasta su papel como legislador, dirigente partidista, académico y crítico del régimen, Gómez ha sido una figura que ha denunciado y cuestionado el sistema desde diferentes frentes. Sin embargo, como sucede con muchos personajes de izquierda que alcanzan cargos de poder, su camino ha llegado a converger con el aparato estatal que, en su momento, combatió.
Su paso por la UIF fue menos mediático pero igualmente relevante. Gómez sustituyó a Santiago Nieto tras su abrupta salida, en una oficina que, desde el gobierno de López Obrador, ha sido utilizada como herramienta para presionar adversarios y proteger aliados incómodos. Con un estilo más técnico y menos mediático, Gómez intentó aplicar una lógica de legalidad en el manejo de la información financiera, aunque siempre operó bajo las reglas políticas del régimen. Su salida, sin grandes escándalos pero con sorpresa, deja abiertas diversas dudas sobre los motivos reales y los pasos que seguirán en ese ámbito.
La UIF, en esencia, es una caja negra con información sensible, expedientes y datos que pueden determinar la suerte de figuras públicas y privadas. Quien ocupa esa posición tiene en sus manos un mapa de los intereses económicos y políticos más delicados del país. La salida de Gómez, justo cuando el gobierno de Claudia Sheinbaum comienza a definir su identidad, parece más que un simple relevo administrativo. La interrogante central es si se trata de una protección, una recompensa o una estrategia de neutralización.
Su nuevo cargo no es meramente decorativo. Presidir un comité técnico para la reforma electoral tiene un peso estratégico importante. La administración de Sheinbaum ha prometido una transformación “profunda pero institucional”, y la reforma electoral es el eje central de esa visión. La experiencia previa de López Obrador con su intento fallido de modificar integralmente el INE y los tribunales electorales dejó heridas y aprendizajes que aún permanecen latentes.
Aunque esa reforma no prosperó, sembró ideas y resentimientos que aún influyen en el escenario político.
Gómez, con su bagaje ideológico y su autoridad moral en la izquierda, podría convertirse en el principal vehículo para impulsar una nueva versión de esa reforma. La diferencia radica en que ahora sería una propuesta más técnica y racional, menos confrontacional, pero con el mismo objetivo de fondo: reducir la autonomía del Instituto Nacional Electoral, limitar su capacidad de acción y fortalecer la influencia del poder político en los procesos electorales. No sería la primera vez que se intenta, pero la narrativa en esta ocasión pretende evitar el discurso de confrontación y en su lugar sustentarse en argumentos técnicos y legales.
Es innegable que toda reforma electoral tiene una carga política significativa. Cambiar los mecanismos de representación, modificar la estructura del árbitro electoral, recortar recursos a los partidos políticos o alterar la integración de los consejos electorales son decisiones que impactan directamente en el equilibrio del poder. En un entorno donde Morena y sus aliados dominan las cámaras, el momento puede ser propicio para lograr una transformación que asegure una hegemonía a largo plazo.
La pregunta que surge es si Pablo Gómez será quien redacte las nuevas bases del sistema electoral que regirá a México en los próximos años. Por sus antecedentes, capacidades y la encomienda que parece tener, esa posibilidad no puede descartarse. Sin embargo, el mayor riesgo radica en la lógica que guiará esa reforma. México requiere ajustes en su modelo electoral, pero estos deben hacerse respetando la autonomía del INE y evitando un retroceso que ponga en peligro la pluralidad y la legitimidad del proceso democrático.
La paradoja de Gómez es que, habiendo dedicado su vida a fortalecer la democracia, podría terminar siendo considerado uno de sus principales recentralizadores políticos. Para la izquierda auténtica, resulta difícil aceptar que uno de sus propios figuras contribuya a construir una estructura que, en el fondo, podría limitar las libertades y el pluralismo electoral.
Por otro lado, no debe descartarse un escenario distinto. Quizá Claudia Sheinbaum vea en Gómez a un garante de la legalidad y un contrapeso frente a los sectores más radicales del lopezobradorismo. Su presencia en el comité podría ser una señal de que, si bien hay cambios, estos se realizarán bajo parámetros técnicos y no pasionales. En ese contexto, sería justo darle el beneficio de la duda mientras las propuestas toman forma.
Lo cierto es que el debate ya está en marcha. La reforma electoral será uno de los temas prioritarios en el primer año de gobierno de Sheinbaum, y Pablo Gómez será una figura central en esa discusión. La forma en que se aborden las propuestas, los argumentos y las intenciones ocultas definirán el rumbo del sistema democrático mexicano en los próximos años. El país no puede permitirse retroceder en la construcción de instituciones fuertes y autónomas, especialmente cuando el voto y las instituciones han costado tanto esfuerzo y sacrificio.
Con Gómez al frente del comité, el proceso tendrá intensidad y riesgos. Es un intelectual, pero también un político, y en estos momentos los equilibrios son delicados. La historia aún está por escribirse, pero una cosa es clara: la atención debe mantenerse puesta en cada movimiento, pues en política, como en el ajedrez, las jugadas laterales pueden esconder los movimientos más estratégicos.
Tanto el tiempo como los hechos serán los que determinen el verdadero impacto de este cambio en la escena electoral mexicana. Mientras tanto, la vigilancia y el análisis riguroso son imprescindibles para entender las implicaciones de una reforma que, sin duda, marcará el rumbo de la democracia en México en los años venideros.
