La iniciativa impulsada por el secretario de Movilidad genera rechazo en el Congreso y entre alcaldes; Morena marca distancia.
La reciente propuesta del gobierno estatal para implementar el transporte escolar obligatorio en Nuevo León ha provocado una nueva fractura en el escenario político local, desatando críticas de legisladores, alcaldes y sectores sociales.
La iniciativa, promovida por el secretario de Movilidad, Hernán Villarreal, fue presentada ante el Congreso local apenas minutos antes del cierre de la oficialía de partes, lo que despertó sospechas sobre su intención y forma. El documento propone que todas las instituciones educativas adopten este modelo, sin ofrecer subsidios ni lineamientos operativos claros, y plantea que su aplicación inicie en menos de un mes.
El proyecto carece de respaldo formal por parte del gobernador Samuel García y de los alcaldes, salvo el morenista Andrés Mijes, lo que ha incrementado la oposición. El coordinador de los diputados del PAN, Carlos de la Fuente, criticó duramente la propuesta, acusando al secretario de delegar responsabilidades sin resolver el problema de movilidad.
“Ahora resulta que Hernán quiere que el Congreso y los planteles hagan su trabajo. Es evidente que quiere evadir sus funciones en lugar de afrontarlas”, declaró el legislador.
Desde el PRI, la diputada Armida Serrato también rechazó la iniciativa, calificándola como una medida improvisada y sin sustento técnico. Subrayó que Movimiento Ciudadano ya no cuenta con los votos necesarios en el Congreso para aprobarla y que no habrá prisa en su análisis.
A pesar del respaldo que ha mostrado Morena al Ejecutivo en ocasiones anteriores, esta vez su coordinador, Mario Soto, expresó reservas. “Faltan garantías para padres de familia y ciudadanos. No es una medida sencilla y no puede ejecutarse de forma precipitada”, sostuvo.
Por su parte, los alcaldes de la zona metropolitana también mostraron reticencias. Mauricio Fernández, edil de San Pedro, consideró inviable la implementación inmediata sin antes alcanzar consensos. En tanto, Adrián de la Garza, alcalde de Monterrey, pidió al Congreso abrir mesas de diálogo con todos los actores involucrados y desarrollar una estrategia financiera viable.
“Cada municipio tiene condiciones distintas. La decisión debe construirse con claridad y en conjunto con la ciudadanía”, concluyó De la Garza.
La propuesta del transporte escolar obligatorio se convierte así en un nuevo punto de tensión entre el gobierno estatal y la oposición, que cuestiona tanto su viabilidad como la forma en la que fue presentada.
