La Asamblea Regional en Tepic refuerza el compromiso con los pueblos originarios, entregando equipamiento médico y promoviendo acciones sociales y de seguridad.
En una iniciativa que refuerza el respeto por los derechos de los pueblos originarios de Nayarit, se realizó en Tepic la Asamblea Regional de Seguimiento del Plan de Justicia, incluyendo a las comunidades Náayeri, Wixárika, Mexikan y O’dam. La reunión, encabezada por el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero y el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes, buscó fortalecer el diálogo y coordinar acciones concretas para mejorar las condiciones de las comunidades indígenas en la región.
El Plan de Justicia, de alcance federal, tiene como objetivo atender demandas históricas relacionadas con territorios, cultura, seguridad y derechos sociales. En el evento, se anunció la donación de un tomógrafo a un hospital en Jesús María, ubicado en Del Nayar, un municipio con significativa población indígena y de acceso complicado. La adquisición de este equipo médico representa un avance importante en la prestación de servicios de salud para comunidades rurales y vulnerables.
Este tipo de acciones forman parte de una estrategia más integral para promover el bienestar y garantizar el ejercicio de derechos fundamentales en zonas con antecedentes de marginación. Además, se impulsarán mejoras en infraestructura, seguridad y caminos, para facilitar la conectividad y seguridad de las comunidades indígenas.
Adelfo Regino Montes subrayó la importancia de la colaboración interinstitucional, enfocada en fortalecer la salud, seguridad y calidad de vida. La atención a las necesidades específicas de estos pueblos se enmarca en una visión de sostenibilidad y reconocimiento de su diversidad cultural, cuyo valor es fundamental para el desarrollo social del estado.
El contexto global revela que el reconocimiento y la protección de los derechos indígenas han cobrado mayor importancia en los últimos años, en tanto los gobiernos buscan cumplir compromisos internacionales y reducir desigualdades históricas. La implementación efectiva de estos planes refleja un avance crucial en el reconocimiento de sus derechos y en la transformación de las políticas públicas en la región.