Vecinos afectados por obras del tren Suburbano al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles exigen justicia y cumplimiento de promesas
La construcción del tren Suburbano que conecta la Ciudad de México con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) ha generado serias afectaciones en viviendas de Tultepec, Estado de México, donde varias familias enfrentan daños estructurales y promesas incumplidas por parte de las autoridades. Los vecinos afectados denuncian que, pese a haber entregado documentos y haber recibido promesas de solución, aún no han sido indemnizados ni reubicados, viviendo en condiciones que ponen en riesgo su patrimonio y su seguridad.
Una de las historias más representativas es la de Paula Díaz, quien reside en una vivienda ubicada a un costado de las vías del tren de carga, infraestructura que fue recorrida en el marco de obras complementarias del proyecto. La vía quedó a menos de un metro de su casa, provocando que parte de su inmueble fuera “cortada”. La afectación fue resultado de un derecho de vía que, según le explicaron, ocupó cuando construyeron la vivienda, lo que llevó a que le demolieran más de un metro de su propiedad y talaran 12 árboles frutales en su terreno.
Paula Díaz relató que, desde hace varios años, ha enfrentado una serie de promesas incumplidas. En su momento, le informaron que si no aceptaba vender su propiedad, el Ejército podría intervenir para desalojarla. Por miedo, aceptó vender, aunque hoy aún no recibe ninguna indemnización clara. La vivienda presenta fisuras y daños en su estructura, a pesar de las reparaciones que se le hicieron hace tres años, las cuales no han sido suficientes para solucionar los problemas.
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“No estamos en contra del progreso, pero queremos lo justo”, declaró la residente, quien también señaló que la obra ha tenido varias paradas, no por capricho, sino por la lucha de los vecinos por no perder sus casas. La urbanización ha traído consigo baches, lodo y deterioro en la calidad de vida de los habitantes, quienes exigen una solución definitiva a sus demandas.
Otra historia relevante es la de Ema González, quien desde hace 40 años habita en una vivienda en la esquina de las vías de carga, sobre la avenida Doctores, en la colonia 10 de junio. Desde el inicio de las obras del proyecto en 2019, solicitó ser reubicada o que le compraran su predio, pero sus peticiones fueron ignoradas. En su lugar, solo le demolieron un cuarto del inmueble y le indicaron que había un metro de seguridad que, según ella, no se respeta en realidad.
González explicó que, cuando habilitaron la nueva vía para el tren de carga, le informaron que la distancia de seguridad sería de un metro, pero ella asegura que en su caso esa distancia no se cumple. La humedad y las fracturas en su vivienda, que ya recibió reparaciones, han empeorado por la falta de canaletas para el agua pluvial, lo que ha puesto en riesgo su patrimonio y la memoria de su madre, quien dejó esa vivienda como un recuerdo familiar.
En el caso de José Arellano, las afectaciones se concentran en su vivienda ubicada frente al puente vehicular Matamoros, parte de las obras complementarias del proyecto. Durante la construcción, su hogar sufrió daños en paredes, losa, pisos y muros, lo que provocó que las puertas se descuadraran, imposibilitando su cierre. A pesar de las reparaciones, las grietas persisten y las estructuras siguen dañadas, generando preocupación en la familia y en otros vecinos.
Arellano afirmó que al menos seis viviendas cercanas presentan daños similares, y que las vibraciones y movimientos durante las obras ocasionaron fisuras que aún no han sido reparadas. Temen que, al no concluirse la obra del puente vehicular, los daños puedan agravarse en el futuro, poniendo en riesgo la integridad de sus hogares.
Finalmente, Miguel Perea, quien habita en Teyahualco, enfrenta la demolición total de su vivienda, la cual debe ser desalojada por el peligro de colapso. La vivienda, ubicada frente a la estación Teyahualco, fue tomada por los vecinos en rechazo a la falta de una indemnización justa, y actualmente vive en otra casa, con el pago de renta cubierto por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Sin embargo, teme que el apoyo sea temporal y que, al terminar el plazo de tres meses, no reciba más ayuda.
Perea relató que su casa sufrió daños visibles desde el inicio de las obras, con cuarteaduras en los muros y vibraciones constantes, que afectaron la estructura. A pesar de que no están en contra del progreso, considera que la obra fue mal planeada, lo que ha provocado un impacto emocional y económico en su familia y en otros vecinos afectados.
Las historias de Tultepec reflejan la realidad de muchas familias que, a pesar de los avances en la infraestructura ferroviaria, enfrentan daños materiales y promesas incumplidas. La falta de una atención adecuada y de una solución definitiva continúa generando incertidumbre y frustración entre los afectados, quienes exigen justicia y el cumplimiento de sus derechos.
