La medida busca reforzar la seguridad en las telecomunicaciones y prevenir delitos como fraude y suplantación de identidad en México.
A partir del 7 de enero de 2026, todos los usuarios de Telcel en México deberán vincular su número telefónico con su Clave Única de Registro de Población (CURP) y su credencial para votar del Instituto Nacional Electoral (INE) para mantener activa su línea. Esta obligatoriedad responde a una estrategia para fortalecer la seguridad en las telecomunicaciones y reducir incidentes relacionados con extorsión, fraude y suplantación de identidad.
La compañía, que actualmente atiende a alrededor de 85 millones de usuarios en el país, ha confirmado que las líneas no vinculadas serán suspendidas hasta que sus propietarios completen el proceso. La actualización puede realizarse mediante dos vías: en línea o en un centro de atención a clientes, garantizando flexibilidad para distintos perfiles de usuarios.
El proceso requiere presentar una credencial vigente con fotografía, como la credencial para votar o pasaporte, y una prueba biométrica en forma de selfie, especialmente si la gestión se realiza de manera remota. Además, quienes sean extranjeros deben usar un pasaporte vigente o un CURP temporal para extranjeros para realizar la vinculación. En todos los casos, es indispensable que el nombre completo coincida exactamente con el registrado en la identificación oficial, y que el usuario tenga a la mano su CURP, la cual puede consultarse en plataformas oficiales del gobierno federal.
Esta medida forma parte de una tendencia global en el uso de tecnologías de identificación digital para incrementar la seguridad y proteger la privacidad de los usuarios. La implementación previa en diferentes países ha demostrado que las verificaciones biométricas y la identificación gubernamental impactan positivamente en la reducción de actividades ilícitas relacionadas con las telecomunicaciones, estableciendo un precedente que apoya la modernización del sector en México.
Cabe destacar que, al igual que en otras naciones, la adopción de estos procesos también busca fortalecer la confianza en la infraestructura digital, facilitando mecanismos efectivos para garantizar la veracidad de las identidades en un escenario cada vez más conectado y digitalizado.
La obligatoriedad entrará en vigor en un plazo que culminará el 29 de junio de 2026. A partir de esa fecha, cualquier línea no regularizada será suspendida, lo que subraya la importancia de realizar el trámite con anticipación.