Desde entonces, México no ha aplicado la pena capital y su legislación prohíbe expresamente su uso actual.
México no ha llevado a cabo una ejecución por pena de muerte desde 1961, en el ámbito militar, y desde 1937 en la civil. La Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México confirma estas fechas.
Históricamente, la pena de muerte estuvo vigente en México desde la época prehispánica y formó parte del sistema de justicia, tanto en usos y costumbres indígenas como en leyes posteriores. Sin embargo, su aplicación fue reduciéndose progresivamente hasta su total supresión legal.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 contemplaba la pena capital para delitos como traición, homicidio con alevosía, piratería y delitos militares. No obstante, esa posibilidad fue eliminada en 2005, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma que la abolió completamente.
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México también es parte de tratados internacionales que promueven la abolición total de la pena de muerte, lo que impide su aplicación bajo el marco legal vigente. Actualmente, el artículo 22 de la Constitución prohíbe expresamente la pena de muerte y otros castigos crueles.
Para que la pena capital pudiera regresar en México, sería necesario modificar la Constitución y retirar los tratados internacionales que la proscriben. Hasta la fecha, solo ha habido intentos, como en 2008 en Coahuila, pero sin efectos legales, y sin que hayan avanzado en reformas constitucionales.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reafirmó que México mantiene una postura histórica en contra de la pena de muerte, incluso en casos de delitos relacionados con narcotráfico. La mandataria sostuvo que la política del Estado mexicano no contempla su uso y recordó que los tratados de extradición firmados por México prohíben expresamente la condena a muerte.
En resumen, la última ejecución en México ocurrió en 1961 en el ámbito militar y en 1937 en la civil, y actualmente, la legislación y los compromisos internacionales impiden su reactivación.
