La autoridad judicial mantiene abierto un proceso que inició en 2013, tras negar la defensa la extinción de dominio por prescripción.
El Tribunal Primero de Enjuiciamiento del estado de Yucatán resolvió rechazar la excepción de prescripción solicitada por la defensa en el proceso judicial que enfrenta Ermilo Castilla Roche y Fernando Francisco Javier Ponce García. Con esta decisión, se mantiene vigente un caso de gran relevancia pública que se remonta a 2013.
La acusación original fue presentada el 18 de septiembre de 2013. La defensa argumenta que el plazo legal para que la acción penal prescribiera venció el 18 de septiembre de 2014, de acuerdo con el artículo 121 del Código Penal del Estado. Sin embargo, señalan que la reapertura de la carpeta de investigación, ocurrida el 15 de junio de 2015, excedió en más de ocho meses el límite establecido, por lo que consideran que el expediente debería haber sido archivado de manera definitiva.
Durante la audiencia inicial, el querellante fue sometido a interrogatorios y contrainterrogatorios. Los abogados defensores aseguran que en estos testimonios surgieron inconsistencias relacionadas con la vigencia del poder notarial y otros aspectos fundamentales del caso, lo que, en su opinión, evidencia la fragilidad de la acusación.
Asimismo, la defensa cuestionó la competencia territorial del caso, argumentando que la denuncia fue radicada en Yucatán bajo la tesis de que el ilícito “se ideó en pleno vuelo”. Consideran que esta justificación es insostenible y que la jurisdicción local fue impuesta de manera forzada, lo que afecta la validez del proceso.
Uno de los puntos centrales en la disputa legal es el poder notarial mediante el cual se realizaron las operaciones inmobiliarias impugnadas. La defensa sostiene que dicho documento estaba vigente al momento de su ejecución y que fue reconocido por tribunales de Quintana Roo en todas las instancias, lo que refuerza la legalidad de los actos realizados en su momento.
El respaldo de estos documentos notariales, integrados en el expediente, es considerado por los abogados como una prueba sólida que debilita significativamente la acusación presentada por la parte denunciante. La validez del poder notarial es, por tanto, un elemento clave en la defensa.
El abogado Elmer Novelo, quien encabeza la defensa junto con un equipo que ha representado casos de alto impacto nacional como los de Florence Cassez y Julio Scherer, calificó el proceso como un ejemplo de “revanchismo jurídico”. Además, aseguró que la Fiscalía ha ignorado la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de prescripción penal.
El juicio continuará en las próximas horas con la comparecencia de nuevos testigos, en un escenario que mantiene en el centro el debate público y jurídico sobre la justicia en Yucatán. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía indican que solo tres de cada diez denuncias en la entidad llegan a los tribunales, y que los procesos en promedio duran cinco años. El expediente de Castilla–Ponce ya supera una década en litigio, reflejando las complejidades del sistema judicial local.
