El proyecto ferroviario, que conecta cinco estados del sureste mexicano, presenta controversias por su influencia en comunidades rurales y su sostenibilidad ambiental.
Hace dos años, inició operaciones uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos impulsados por el gobierno federal en México: el Tren Maya. Con una extensión de 1,554 kilómetros, atraviesa cinco estados del sureste, incluyendo Chiapas, Tabasco y la península de Yucatán, con la promesa de mejorar la conectividad, impulsar el turismo y dinamizar la economía local. Sin embargo, su puesta en marcha ha generado controversia debido a cuestionamientos sobre su impacto social y ambiental.
Una evaluación realizada en el segundo aniversario revela que, en las comunidades a lo largo del tren, persisten preocupaciones sobre la militarización y la afectación de zonas arqueológicas y espacios públicos, especialmente tras la transferencia de control a la Secretaría de la Defensa Nacional. La presencia militar y los desalojos han generado tensiones, amenazas y desplazamientos forzados en algunos territorios rurales. Además, activistas y colectivos ambientales señalan que muchas obras se realizaron sin respetar regulaciones ambientales ni aplicar principios de precaución, lo que ha provocado daños irreversibles en ecosistemas y sitios culturales, además de favorecer proyectos inmobiliarios y turísticos que profundizan las divisiones comunitarias.
El presidente de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha señalado que el desarrollo de un sistema de transporte de carga es clave para la sustentabilidad del proyecto, aunque aún está en fase inicial, con obras en marcha desde abril de 2025. La expectativa es que, en el largo plazo, la carga pueda potenciar aún más la economía regional, complementando la actividad turística ya en operación. Para contextualizar, es importante considerar que el Tren Maya forma parte de una estrategia de impulso económico en la región, pero su implementación evidencia los desafíos de equilibrar crecimiento con la protección de las comunidades y ecosistemas locales.
Este escenario subraya la necesidad de que los procesos de infraestructura en México sean responsables y transparentes, priorizando la participación social y la protección del patrimonio cultural y natural.