A pesar del incremento en el gasto público, los recursos continúan favoreciendo a quienes ya tienen seguridad social, mientras la desigualdad persiste.
En 2026, México registrará un gasto en subsidios cercano a 2.8 billones de pesos, representando un aumento del 4.4% respecto al año anterior. Este incremento refleja un compromiso del gobierno con programas sociales, sin embargo, la distribución de estos recursos mantiene un patrón que favorece principalmente a la población con seguridad social formal, quienes representan la mayor proporción de beneficiarios. Durante casi una década, más del 55% del gasto en subsidios ha ido dirigido a estos asegurados, dejando en segundo plano a quienes no tienen acceso a derechos laborales o pensiones contributivas. La tendencia ha evidenciado que, pese a los esfuerzos por ampliar la protección social, las transferencias y apoyos públicos siguen concentrándose en los segmentos que ya tienen mayor acceso a beneficios, lo que refuerza las desigualdades existentes. Expertos advierten que para lograr una redistribución más equitativa, sería necesario ajustar las políticas de focalización y disminuir los subsidios universales regresivos, apuntando a las comunidades más vulnerables y en pobreza. La concentración en pocos programas y la reasignación de recursos a beneficios de amplios sectores con estabilidad laboral limita el impacto redistributivo del gasto social en el país.