El gobierno planea un registro único para todos los mexicanos, pero expertos advierten riesgos para la calidad y la informalidad laboral.
El gobierno mexicano anunció que en enero de 2024 comenzará la implementación de un registro único en el Sistema de Salud Nacional, con el objetivo de facilitar la atención médica a toda la población sin importar el sistema en el que estén inscritos. La iniciativa busca que, a partir de 2027, los usuarios puedan acceder a servicios en cualquier institución pública, fusionando recursos y infraestructuras.
Sin embargo, expertos en salud y economía advierten que el modelo propuesto podría afectar la calidad de los servicios y promover la informalidad laboral. La diferencia fundamental radica en que mientras el IMSS opera con cuotas pagadas por empleadores y derechohabientes, el IMSS Bienestar funciona 100% subsidiado, sin requerir aportaciones. Esto genera una inconsistencia en el financiamiento y puede desincentivar la formalidad en el empleo, agravando el ya alto índice de trabajadores en la informalidad, que actualmente supera la mitad de la fuerza laboral en México.
El sistema de salud en Dinamarca, ejemplo que muchas autoridades citan, es descentralizado y no se basa en una megafarmacia estatal. En vez de ello, funciona con profesionales independientes, hospitales y clínicas autónomas, financiadas en parte por cuotas de los usuarios y recursos públicos. México, por su parte, ha enfrentado graves dificultades para garantizar atención a quienes no están asegurados en instituciones como el IMSS o el ISSSTE, siendo el Seguro Popular una de las pocas experiencias con resultados positivos, aunque con limitaciones. La transición hacia un esquema centralizado y universal podría reducir la calidad de los servicios y aumentar la migración de trabajadores a la economía informal.
Este proyecto evidencia la dificultad de replicar modelos de salud europeos en países con economías y estructuras sociales muy distintas, poniendo en riesgo los avances que todavía necesita el sistema mexicano.