La iniciativa busca poner fin a la transferencia irregular de concesiones y frenar el mercado negro del agua en México.
El gobierno de la Ciudad de México plantea una serie de reformas a la Ley de Aguas para mejorar la regulación y control de las concesiones del recurso vital. La propuesta surge como respuesta a prácticas que, desde la época del neoliberalismo en los años noventa, han permitido que privados transfieran derechos de agua de manera irregular, incluso sin pagar al Estado. Estas modificaciones buscan fortalecer la autoridad del organismo regulador y establecer mecanismos que impidan las transacciones no autorizadas, además de incrementar las sanciones para quienes violen las normativas vigentes. La iniciativa también apunta a corregir la sobreconcesión en distintas regiones, favoreciendo una gestión más sustentable y equitativa del agua. Además, se contempla la aplicación de medidas más severas, incluyendo la extinción de dominio en casos de irregularidades, con el objetivo de acabar con el mercado negro de concesiones y garantizar una distribución más justa de este recurso.
Para contextualizar, la reforma resulta relevante ante la crisis hídrica que enfrenta el país y el aumento en la demanda del recurso, tras décadas de mala gestión y concesiones desordenadas. La regulación más estricta busca además evitar que particulares obtengan beneficios excesivos sin contribuir de manera adecuada al aprovechamiento sustentable del agua, promoviendo mayor transparencia y orden en el sector.