La presidenta informa que se realizarán encuestas y foros para definir cambios en la estructura del INE y los procesos electorales
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que se llevará a cabo una consulta ciudadana para recabar la opinión pública respecto a la propuesta de una reforma electoral. La mandataria enfatizó que el enfoque principal de esta iniciativa será reducir el número de legisladores plurinominales y disminuir los gastos del Instituto Nacional Electoral (INE) en la organización de las elecciones. Este proceso busca fortalecer la participación ciudadana y garantizar que las reformas respondan a las demandas de la población.
Desde Palacio Nacional, Sheinbaum afirmó: “Vamos a hacer una encuesta para ver qué opina el pueblo, para ver qué opina la gente. De encuestas previas, a la gente no le gusta que los partidos políticos tengan tantos recursos, no les gusta que haya tantos recursos para hacer las elecciones”. La mandataria resaltó la importancia de escuchar la voz de la ciudadanía en un momento en el que se discuten cambios profundos en el sistema electoral mexicano.
Asimismo, Sheinbaum informó que Pablo Gómez, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se incorporará a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Gómez, quien tiene amplia experiencia como legislador en reformas políticas, aportará su conocimiento en la materia. La comisión, agregó, llevará a cabo una serie de propuestas, entre ellas la organización de foros públicos que permitan un diálogo abierto y plural sobre el tema.
Diversos ex consejeros y ex magistrados electorales han hecho un llamado a un diálogo nacional para fortalecer la democracia en México. En su opinión, la creación de la Comisión para una próxima reforma electoral debe ser el inicio de un proceso incluyente y transparente. Los promotores de esta iniciativa coinciden en que la reforma electoral debe cumplir con los más altos estándares de integridad democrática y contar con el respaldo de un amplio consenso social y político.
Para ello, se invita a diversos actores y sectores a sumarse a este diálogo. Entre ellos, se encuentran organizaciones sociales, actores políticos, instituciones académicas, organizaciones empresariales, medios de comunicación y personas interesadas en el tema. La participación de todos los sectores es considerada fundamental para que la reforma sea resultado de una deliberación amplia y consensuada.
Se subraya que, como en décadas anteriores, una reforma electoral debería ser producto de un proceso de discusión abierta y acuerdos firmes. “No solo son importantes los votos en el Congreso, sino también la voz de todos, incluyendo las minorías, ya que una democracia se fortalece cuando todos tienen cabida, incluso aquellos con menos votos”, señalaron los promotores. La deliberación pública y la inclusión de diagnósticos técnicos de las autoridades electorales son esenciales para garantizar la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos.
Entre las propuestas prioritarias destacan el fortalecimiento de los mecanismos de representación política para corregir distorsiones en la asignación de escaños, acercando la distribución de los asientos en los congresos al porcentaje de votos obtenidos. También se busca preservar y fortalecer la autonomía de los órganos electorales, garantizando su independencia y profesionalización a través del Servicio Profesional Electoral Nacional. La elección de consejeros y magistrados electorales debe basarse en perfiles que prioricen experiencia, conocimiento, imparcialidad y técnica, con designaciones realizadas por el Congreso, no por voto popular.
En materia de identificación y padrón electoral, se propone que el Registro Federal de Electores, la credencial para votar con fotografía y los listados nominales continúen bajo la administración de la autoridad electoral, con vigilancia de las representaciones de los partidos políticos para mantener su imparcialidad. Además, se plantea la implementación de un sistema efectivo de rendición de cuentas y fiscalización, con el fin de garantizar campañas equitativas y sancionar prácticas como la compra y coacción del voto, así como el desviamiento de recursos públicos.
Finalmente, en cuanto al Poder Judicial, se propone adecuar las normativas para que la selección de jueces y magistrados privilegie sus méritos, capacidades técnicas y garantizar su independencia mediante una carrera judicial sólida. La intención es fortalecer los órganos encargados de impartir justicia electoral, asegurando que las designaciones sean transparentes y basadas en la experiencia y la imparcialidad.
El comunicado que respalda estas propuestas está firmado por ex consejeros y ex magistrados electorales que reiteran la importancia de promover un diálogo amplio e incluyente. Entre los firmantes se encuentran figuras como María del Carmen Alanis, Andrés Albo, Marco Baños, Lorenzo Córdova, Vianello María Macarita Elizondo, Beatriz Galindo, Teresa González Luna, Alejandra Latapí, Lourdes López, María Marván, Mauricio Merino, Rodrigo Morales, Ciro Murayama, Benito Nacif, Fernando Ojesto, J. Jesús Orozco Henríquez, Jacqueline Peschard, José Roberto Ruiz Saldaña, Arturo Sánchez Gutiérrez, Luis Carlos Ugalde, Leonardo Valdés Zurita y José Woldenberg.
Este llamado a la reflexión y participación busca fortalecer la democracia mexicana mediante una reforma electoral que responda a las necesidades y expectativas de la ciudadanía, con un proceso transparente, inclusivo y fundamentado en el respeto a los principios democráticos.
