CIUDAD DE MÉXICO. – El Senado de la República analiza una iniciativa que busca otorgar reconocimiento jurídico formal y mayores garantías de seguridad y dignidad a los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en México, en su mayoría integrados por madres. La propuesta legislativa pretende asegurar que su labor no dependa de decisiones discrecionales de las autoridades.
La senadora Geovanna Bañuelos, del Partido del Trabajo (PT), presentó la reforma a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y a la legislación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. El objetivo es incorporar el trabajo de estos colectivos a la ley, reconociendo su relevancia en los procesos de búsqueda con enfoque humanitario y brindando protección a quienes participan en contextos de alto riesgo.
Bañuelos destacó la crudeza de la problemática, especialmente en su estado de origen, Zacatecas, donde se registran más de 3 mil 800 personas desaparecidas. La inclusión legal de los colectivos busca fortalecer la coherencia entre la norma y la acción pública, evitando la arbitrariedad en su participación.
La iniciativa plantea establecer reglas claras de coordinación institucional, fomentando un diálogo basado en la confianza, la corresponsabilidad y el respeto a la autonomía de los colectivos. Esto permitiría ordenar y sistematizar la interacción entre autoridades y organizaciones civiles, mejorando la eficacia de las acciones conjuntas.
Ante la alarmante cifra nacional de más de 133 mil personas desaparecidas, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, la propuesta busca que el Estado reconozca formalmente a los colectivos como actores fundamentales en la búsqueda, no solo como acompañantes, sino como parte estructural de los procesos.