La autoridad detectó irregularidades que amenazan la salud pública y el ecosistema en el vertedero de San Juan Ozelonacaxtla.
Una sanción de 257,000 pesos fue impuesta al ayuntamiento de Huehuetla, tras verificar graves incumplimientos en la operación de su relleno sanitario en San Juan Ozelonacaxtla. La inspección reveló que el sitio operaba en clandestinidad y sin las autorizaciones ambientales correspondientes. A pesar de estar en zona forestal, el municipio no presentó estudios necesarios para proteger suelos y acuíferos, poniendo en riesgo la salud y el ecosistema local.
Desde la inspección en marzo de 2025, se evidenció que el vertedero manejaba residuos sin control ni monitoreo adecuado. La falta de análisis hidrogeológicos y la ausencia de programas para gestionar lixiviados y biogás incrementaron el riesgo de contaminación. La comunidad, ante la saturación del vertedero, realizó un plantón para impedir más residuos, alertando sobre daños considerables a parcelas agrícolas, cuerpos de agua y caminos.
Estos problemas no solo implican un daño ambiental severo, sino también complicaciones sociales y de salud pública. La comunidad reportó constantes filtraciones de lixiviados que afectan sus recursos hídricos y tierras agrícolas, evidenciando un manejo irresponsable del sitio.
La resolución sancionatoria, emitida en diciembre de 2025, obliga al ayuntamiento a cerrar el vertedero siguiendo protocolos técnicos para reducir el impacto ambiental. La Profepa continuará supervisando el proceso para garantizar que el cierre sea seguro y conforme a las regulaciones ambientales vigentes.
Este caso refleja la creciente necesidad de fortalecer las inspecciones y regulaciones sobre sitios de residuos en zonas rurales y forestales, donde la protección del ecosistema y la salud comunitaria deben ser prioridad. La carencia de controles adecuados puede generar daños irreversibles al medio ambiente y a las comunidades cercanas.
Es fundamental que los municipios implementen planes sustentables y regulaciones estrictas para evitar recurrir a prácticas clandestinas que ponen en riesgo a todos. La fiscalización ambiental debe fortalecerse, especialmente en zonas de alta vulnerabilidad ecológica y social.