Cambios legales buscan promover el ecoturismo y la educación ambiental, aunque expertos advierten sobre posibles riesgos sin adecuada vigilancia.
Recientemente, la Cámara de Diputados aprobó modificaciones a leyes clave en materia de protección de bienes nacionales y conservación ecológica, con el objetivo de facilitar el acceso gratuito, permanente y sin restricciones a las playas y áreas naturales del país. Estas reformas también incluyen beneficios especiales, como entrada sin costo una vez por semana a las Áreas Naturales Protegidas y tarifas reducidas en días festivos, todo con la intención de fomentar la educación ambiental y el ecoturismo local.
No obstante, expertos en conservación y gestión ambiental advierten que abrir estos espacios a un mayor número de visitantes sin incrementar los recursos de vigilancia y protección podría traer consecuencias negativas para los ecosistemas, como el aumento del desgaste ambiental, actividades no autorizadas y la dificultad para mantener la integridad de los hábitats naturales. La insuficiencia de personal especializado en las instituciones encargadas de la protección de estas áreas, como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, genera preocupación respecto a la eficacia del control.
Asimismo, las opiniones de la comunidad académica sugieren que la gratuidad en el acceso debería reservarse principalmente para los habitantes locales, quienes soportan de forma sostenida el impacto de visitar estas zonas, mientras que los turistas podrían seguir contribuyendo a los costos mediante tarifas que ayuden a financiar labores de conservación. Mientras tanto, el sector hotelero ha mostrado respaldo a los cambios legales, reconociendo que responden a una demanda social sin afectar la propiedad privada ni la actividad turística, aunque también reconocen retos en la infraestructura urbana y el acceso público en destinos turísticos relevantes.
Finalmente, el gobierno informó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con los municipios, será responsable de crear un Registro Nacional de Accesos para asegurar una gestión ordenada y sustentable de estas áreas públicas, estableciendo medidas que buscan equilibrar la protección ambiental y el beneficio social.