Una propuesta constitucional plantea ampliar la protección social, incluyendo pensiones y atención médica, desde el nacimiento hasta la vejez, para reducir desigualdades.
México enfrenta una deuda histórica en materia de protección social, con más de 32 millones de trabajadores en la informalidad que carecen de derechos básicos. Hasta ahora, el sistema de seguridad social ha estado ligado al empleo formal, dejando fuera a quienes trabajan en condiciones precarias o informales, lo que agrava las desigualdades sociales en el país. La falta de un marco que garantice derechos universales ha traducido en una estructura fragmentada, con instituciones que operan de manera independiente y sin un registro centralizado que supervise la protección social.
En este contexto, una reforma constitucional propuesta busca establecer un nuevo paradigma en la protección social, garantizando derechos universales para todos los mexicanos por encima de su condición laboral. La iniciativa prevé la creación de un Registro Nacional Único de Seguridad Social que acompañe a cada ciudadano desde su nacimiento, ampliando derechos como atención médica, pensión universal, protección ante enfermedades y accidentes, y esquemas contributivos flexibles para independientes y trabajadores formales. La implementación gradual, en un plazo de 12 a 15 años, busca cerrar brechas históricas y ofrecer una red de protección digna y universal.
Este cambio responde a la necesidad de que el Estado mexicano actúe con mayor responsabilidad y dignidad, asegurando que la protección social no sea un privilegio ni una condición laboral, sino un derecho humano fundamental. La experiencia reciente demuestra que, con planificación, es posible ampliar la cobertura social sin endeudar al país, fortaleciendo el bienestar colectivo y estimulando la productividad nacional. Sistemas integrados y coordinados permitirán un orden institucional que garantice la sostenibilidad y la igualdad de oportunidades para futuras generaciones.
La universalización de la seguridad social es, en última instancia, un acto de justicia social que refleja el compromiso del país con la dignidad y los derechos básicos de su población. Garantizar pensiones, atención médica y protección en riesgos facilitará la reducción de la pobreza estructural y ayudará a construir una nación más equitativa y justa.