Las modificaciones buscan fortalecer la protección de derechos y reducir prácticas abusivas en recursos judiciales, con énfasis en justicia eficaz y legalidad.
En una actualización importante para el sistema legal mexicano, la reforma a la Ley de Amparo fue publicada oficialmente en el Diario Oficial de la Federación. Los cambios responden a la necesidad de perfeccionar esta figura jurídica, que es fundamental para la protección de derechos fundamentales frente a actos de autoridad. La nueva legislación busca también prevenir el uso indebido o dilatorio de recursos administrativos y judiciales en asuntos fiscales, lo cual obstaculiza la recaudación de créditos y afecta el interés social y el orden público.
Estas modificaciones nacieron de una iniciativa liderada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tras un proceso de análisis y discusión en audiencias públicas en las que participaron 41 especialistas. Entre los cambios destacados, se reemplazó en el artículo 128 la referencia a “interés público” por “disposiciones de orden público”, eliminando ambigüedades interpretativas que podían poner en riesgo la garantía del juicio de amparo. También se eliminó la fracción V que hacía referencia a daños de difícil reparación, en alineación con principios constitucionales de progresividad y acceso efectivo a la justicia.
Por otro lado, en el artículo 129, se ajustó para aclarar el requisito de autorización federal para continuar actividades o servicios sin permiso, reforzando la precisión jurídica. Los artículos relacionados con los procedimientos también fueron modificados para incorporar un nuevo mecanismo de trámite de asuntos pendientes en la entrada en vigor de la ley, buscando mayor claridad en la aplicación práctica.
No obstante, algunos opositores consideran que estas reformas son “regresivas” para los derechos de los ciudadanos, argumentando que limitan la protección contra abusos de poder y vulneran principios fundamentales, poniendo en duda la finalidad de fortalecer la justicia y la protección legal.
Este proceso refleja un esfuerzo por equilibrar la seguridad jurídica, la protección derechos y la eficiencia en los procedimientos judiciales, en un contexto en el que la transparencia y el equilibrio institucional son prioridades en la agenda legislativa.