La reforma busca fortalecer la gestión del recurso hídrico, aunque genera controversia por su presunta centralización y efectos en comunidades rurales.
En una sesión marcada por intensos debates, el Senado de México dio su respaldo a la propuesta de reforma que crea la Ley General de Aguas y modifica la Ley de Aguas Nacionales, con 85 votos a favor y 36 en contra. La discusión se realizó en un procedimiento de urgente resolución, lo que evitó el análisis en comisiones y aceleró su aprobación en el pleno, reflejando la alta prioridad que el gobierno le atribuye a la gestión del recurso hídrico.
Desde distintos frentes políticos, los opositores expresaron su preocupación por un posible centralismo en la administración del agua, considerando que las modificaciones limitarían la autonomía de los estados y podrían afectar a productores agrícolas y comunidades rurales. La controversia también se centró en la percepción de que la reforma carece de un proceso de consulta adecuado, especialmente con los pueblos indígenas y los usuariosDirectamente vinculados al manejo del agua. Mientras tanto, los partidarios argumentaron que la ley permitirá mayor control, sanciones contra el robo de agua, y mecanismos para evitar la sobreexplotación de los mantos acuíferos, promoviendo un uso más sustentable del recurso.
Este cambio legal se suma a la aprobación previa en la Cámara de Diputados, donde también se remarcó la intención de modernizar y fortalecer el marco normativo para la distribución y conservación del agua. La iniciativa busca equilibrar el interés público y productivo, además de responder a necesidades de seguridad hídrica en distintas regiones del país, ante los desafíos del cambio climático y la demanda creciente.
El debate en torno a la reforma evidencia las tensiones entre las políticas centralizadoras y las demandas de mayor participación local en la gestión del recurso vital, siendo un punto clave en la historia de la política hídrica mexicana.