Cómo la propuesta de 2022 habría reducido la influencia del PRIAN y equilibrado el poder legislativo
En la actualidad, la discusión sobre la reforma electoral en México ha cobrado relevancia, especialmente en el contexto de las próximas elecciones de 2024. Héctor Aguilar Camín, en su columna en Milenio, dedicó su análisis a Pablo Gómez, quien será el responsable de estructurar la nueva iniciativa de reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. La crítica de Aguilar Camín fue dura, dirigidas tanto a Gómez como a la propuesta misma, pese a que aún no ha sido formalmente presentada ni conocida en detalle.
El análisis señala que la reforma que Gómez diseñará probablemente tendrá muchas coincidencias con la iniciativa de abril de 2022, que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador intentó impulsar. Esa propuesta, conocida como el Plan A, buscaba modificar sustancialmente el sistema electoral y la estructura del Congreso, pero no logró su aprobación en el Congreso debido a la falta de mayoría de Morena y sus aliados en ese momento.
Tras la derrota del Plan A, se recurrió al denominado Plan B, que consistió en un paquete de reformas a leyes secundarias, aprobado en el Congreso pero invalidado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La corte, en aquella época, llevó a cabo una interpretación que favoreció la constitucionalidad del paquete, aunque algunos sectores políticos y académicos consideraron que esa decisión fue cuestionable. La corte, además, inició un proceso de transformación que pronto culminará con su reemplazo por nuevos órganos judiciales, en un contexto de controversia sobre su independencia y actuación.
El Plan C, que fue el último recurso, implicó una serie de reformas constitucionales que modificaron aspectos fundamentales del poder judicial, incluyendo cambios profundos en la estructura del Poder Judicial de la Federación. Estas reformas, polémicas y controvertidas, lograron el respaldo de Morena y sus aliados, en parte debido a la forma en que la legislación actual distribuye las diputaciones de representación proporcional en la Cámara de Diputados, que favorece a los partidos afines al gobierno.
La distribución de los escaños en la Cámara, basada en el método de cociente natural y resto mayor, permitió a Morena y sus aliados alcanzar la mayoría necesaria para modificar la Constitución. La oposición, en cambio, argumentó que existía otra interpretación de la ley, aunque esa postura fue considerada por el oficialismo como una estrategia oportunista y no sustancial.
El escenario de las elecciones de 2024 genera una hipótesis interesante: ¿qué habría pasado si en ese momento se hubiera aprobado en el Congreso la reforma del Plan A? Para responder a esa pregunta, se consultó a un experto en derecho electoral, con experiencia en el análisis de reformas y participación en consejos de institutos electorales estatales. Su evaluación, basada en un análisis estadístico de los resultados electorales, reveló que la aprobación del Plan A en 2022 habría cambiado significativamente el equilibrio legislativo en 2024.
El análisis detallado muestra que, con la reforma propuesta, las estimaciones de distribución de diputados en varias entidades clave habrían sido distintas respecto a los resultados actuales. En la Ciudad de México, por ejemplo, la reducción en el número de diputados y la fórmula de asignación habrían favorecido a otros partidos, modificando el peso relativo de Morena y sus aliados en la Cámara. En estados como Nuevo León, Yucatán, Chihuahua, Puebla, Guerrero, Sonora y otros, los cálculos muestran que la distribución de los escaños habría sido diferente, beneficiando en algunos casos a la oposición y limitando la hegemonía de Morena.
Estas estimaciones, aunque no precisas en todos los casos por la complejidad de los datos y las variaciones en los distritos, permiten concluir que la fórmula del Plan A, si hubiera sido aprobada, habría tenido un efecto moderador en la composición legislativa, reduciendo la mayoría que Morena y sus aliados lograron con la legislación vigente.
En conclusión, la hipótesis de que la reforma electoral de Pablo Gómez, basada en ideas similares a las del Plan A, sería democrática y menos favorable al PRIAN, resulta plausible. La propuesta, de aprobarse, habría amansado a figuras de liderazgo en el PRIAN como Héctor Aguilar Camín, ya que el equilibrio de poder en el Congreso habría sido distinto, limitando la capacidad de cambios constitucionales sin pactar con la oposición.
Este análisis reafirma que las reformas electorales y constitucionales en México son decisivas para definir el escenario político y la distribución del poder en los años venideros. La estrategia de Morena, mediante reformas constitucionales y leyes secundarias, ha logrado consolidar una mayoría que, sin duda, será determinante en las elecciones de 2024 y en la configuración del Congreso.
