La disminución de recursos federales para salud afecta la cobertura de los estados adheridos al programa IMSS Bienestar, generando mayor carga financiera local.
En los últimos años, los recursos que el gobierno federal destina a los estados que participan en el sistema IMSS Bienestar han experimentado una significativa disminución. Para 2024, la reducción del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) promedió un 34%, y para 2025, se proyecta una caída adicional del 20%. Esta tendencia ha generado una presión financiera considerable en las entidades que han optado por este modelo, afectando sus perfiles crediticios y la capacidad de mantener los servicios de salud.
Los estados que participan en el programa han reducido en promedio un 13% su gasto en salud en 2024 y planean una disminución similar en 2025, esfuerzos que no corresponden completamente con la caída del fondo federal. Como resultado, las entidades deben asumir mayores costos con recursos propios, incrementando la carga en sus finanzas públicas. La implementación de IMSS Bienestar, lanzada en 2022, busca brindar atención gratuita a poblaciones sin seguridad social, integrando infraestructura estatal y personal médico. Sin embargo, la reducción de fondos limita la expansión y operación eficiente de estos servicios.
El cambio en la ley de coordinación fiscal, aprobado por decreto presidencial, ha permitido a la Secretaría de Hacienda retener directamente una parte de los recursos del FASSA para transferirlos al IMSS Bienestar, acentuando aún más la restricción presupuestaria en los estados adheridos. La proporción del gasto en salud cubierto por estos fondos ha disminuido del 48% en 2023 al 35% proyectado para 2025, evidenciando una brecha cada vez mayor que los estados deben cubrir con recursos propios. Los estados más afectados enfrentan recortes del 59% en el FASSA, con una tendencia a cambios extremos en sus presupuestos sanitarios para 2025, lo que resulta en mayores desafíos para mantener la calidad y cobertura en los servicios de salud pública.
Este escenario refleja el impacto de una política de centralización que, si continúa, podría reducir aún más la atención sanitaria y agravar las desigualdades en el acceso a los servicios para regiones más vulnerables.